En una decisión trascendental, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile ha rechazado la reclamación presentada por la empresa Ecopower, invalidando la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable para su proyecto de generación eléctrica Parque Eólico Chiloé, ubicado en la región de Los Lagos.
Tras un minucioso análisis de los antecedentes, el tribunal concluyó que la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de invalidar su propia resolución inicial, que había reconocido el inicio de ejecución del proyecto, se encuentra debidamente fundamentada. La SMA logró demostrar que los argumentos presentados por Ecopower para acreditar el inicio de su proyecto no eran efectivos.
Acciones Insuficientes para Iniciar el Proyecto
El tribunal puso especial énfasis en el instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que establece que un proyecto se considera iniciado cuando el titular acredita la realización de gestiones o actos orientados al desarrollo de la etapa de construcción o la materialización de obras físicas, siempre que estas se ejecuten de manera sistemática, ininterrumpida y permanente.
Al revisar las acciones presentadas por Ecopower, como la instalación de un container, un letrero y el despeje del terreno, el tribunal concluyó que estas no resultaron efectivas para demostrar el inicio del proyecto. Además, los permisos ambientales sectoriales solicitados aún presentaban observaciones o no habían sido ingresados, y uno de los contratos de arriendo había sido terminado por falta de pago.
Invalidación Debidamente Fundamentada
La sentencia también descartó que la invalidación de la RCA haya vulnerado una situación jurídica consolidada o afectado la confianza legítima en la actuación de la SMA. Por el contrario, el tribunal consideró que la revisión y contraste de los antecedentes por parte de la SMA fue una acción debidamente fundamentada, sin que se advierta un cambio arbitrario de criterio.
Este fallo del Segundo Tribunal Ambiental representa un importante precedente en la aplicación rigurosa de los requisitos para acreditar el inicio de ejecución de proyectos, reafirmando el papel de las autoridades ambientales en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las normas.
