Acusación contra Rabat: diputado Soto advierte que faltan decretos

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El diputado Raúl Soto (PPD) confirmó este sábado que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ya presentó su respuesta a la acusación constitucional en su contra. No obstante, Soto, quien preside la comisión revisora, advirtió que la cartera aún no ha entregado la totalidad de los decretos de rebaja de condena solicitados por la instancia.

La comisión tiene programada su sesión para este lunes a las 16:00 horas. Entre los primeros citados a comparecer se encuentran el propio ministro Rabat, el exsubsecretario de Justicia Luis Silva y el actual subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. También fueron invitados el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el abogado y académico de la Universidad de los Andes, Alejandro Romero.

Soto hizo hincapié en que sigue pendiente la entrega del listado completo y las copias de los decretos de rebaja de condena firmados por el actual gobierno. Estos documentos fueron requeridos por la comisión mediante un oficio. El parlamentario enfatizó la necesidad de resguardar la identidad de las víctimas al momento de entregar dicha información.

“Eso es necesario para el trabajo adecuado de la comisión para transparencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido”, zanjó el diputado Soto.

La acusación contra Rabat se estructura en tres capítulos principales. El libelo apunta a una posible responsabilidad política del ministro en la firma de decretos que permitieron la rebaja de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad.

El primer capítulo argumenta que estas rebajas habrían vulnerado tanto la legislación nacional como tratados internacionales orientados a la protección de la infancia. El segundo capítulo cuestiona los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad, alegando un presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma. Finalmente, el tercer capítulo sugiere una posible infracción al deber de probidad debido a la supuesta entrega de información falsa o imprecisa al Congreso.

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