La Consulta Indígena, un proceso impulsado por el Gobierno como parte de los acuerdos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ha generado un intenso debate en torno a su alcance y las implicaciones para la Ley Indígena vigente.
Mientras que Álvaro Morales, director nacional de Conadi, ha manifestado públicamente que habrá una modificación de la Ley Indígena en el artículo 20 b) de entrega de predios, a través de una ley especial delimitada entre el Bío Bío y Los Lagos, Marcelo García, encargado del plan de Gobierno «Buen Vivir» y secretario ejecutivo de la Consulta Indígena, ha tomado distancia de tal declaración, indicando que en realidad se busca un «complemento», y no una modificación.
Estas diferencias de interpretación han generado polémica en la zona, con Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, esperando que el Gobierno retire la Consulta, ya que considera que aumenta el conflicto y la tensión.
Por su parte, Sebastián Naveillán, excomisionado por la Paz y el Entendimiento y presidente de la Federación de Agricultores de Malleco, ha hablado de «incongruencias» y «falta de liderazgo», señalando que la Consulta debe estar orientada a que la ciudadanía elija las políticas indígenas que se deben implementar en las regiones de Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos, ya que la norma vigente y lo que se discutirá mantendrá el conflicto.
En resumen, la Consulta Indígena ha puesto de manifiesto las diferencias de interpretación y visión entre los diversos actores involucrados, lo que plantea un desafío para encontrar un camino que permita complementar la Ley Indígena de manera efectiva y con el consenso de las comunidades.
