En un giro inesperado, el gobierno de Estados Unidos y varios congresistas republicanos han condenado enérgicamente la decisión de un tribunal colombiano de declarar culpable al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno y fraude procesal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que «el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria». Rubio denunció que el fallo de la jueza Sandra Heredia se debe a que la Justicia en Colombia está «politizada» y «instrumentalizada por jueces radicales», sentando un «precedente preocupante».
Legisladores estadounidenses como la representante por Florida María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart se sumaron a las críticas, calificando la decisión judicial como una «infamia» y una «persecución política» contra Uribe, quien se negó a «pactar con criminales» y se convirtió en un «obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela».
Desde la perspectiva de estos funcionarios y políticos republicanos, Uribe es un héroe que «rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía». Consideran que su condena es una «evidente violación del estado de derecho» y una muestra del «avance de fuerzas extremoizquierda» bajo el gobierno actual de Gustavo Petro, que estarían deteriorando la democracia y la seguridad en Colombia.
La reacción de Estados Unidos refleja la profunda división política y la tensión geopolítica que rodea el caso Uribe, con la administración estadounidense alineándose firmemente con el expresidente y denunciando lo que perciben como un juicio sesgado y motivado políticamente.
El fallo abre la posibilidad de que Uribe, de 73 años, deba cumplir una pena de prisión, lo cual ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte de sus aliados en el gobierno y el Congreso de Estados Unidos.
