En una acción sin precedentes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado múltiples querellas contra un abogado que intentó cobrar fraudulentamente millonarias herencias a nombre de personas de su entorno familiar. El caso se centra en la ciudad de Concepción, donde el abogado Manuel Paillano Díaz supuestamente falsificó documentos para hacerse con los bienes de la fallecida Carlota Janssen Bonnet.
Según las investigaciones, Paillano Díaz habría utilizado a su propio padre, Florentino Paillano Silva, como palo blanco para intentar apropiarse de los departamentos de Janssen Bonnet ubicados en las calles Rengo y Caupolicán. Sin embargo, el jefe del CDE en Concepción, Georgy Schubert, denunció el testamento como falso y anunció que la acción legal apunta a todos los responsables, no solo al padre del abogado.
Un Patrón de Fraude a Nivel Nacional
Pero este no es un caso aislado. Según las autoridades, el abogado Paillano Díaz ha intentado cobrar fraudulentamente herencias en varias ciudades del país, utilizando a familiares cercanos como supuestos herederos. En Santiago, por ejemplo, intentó cobrar la herencia a nombre de su madre, Sandra Díaz, mientras que en Viña del Mar lo hizo a nombre de su primo, José Maripil. En Rancagua, el objetivo eran los bienes dejados por Marta González, que supuestamente cedió a su tío, Raúl Díaz.
El Papel del CDE en la Lucha Contra el Fraude
El Consejo de Defensa del Estado ha sido clave en la detección y desmantelamiento de este esquema fraudulento. Schubert explicó que todas las querellas presentadas por el CDE buscan responsabilizar a todos los involucrados, más allá del padre del abogado, quien aparece como el principal querellado por falsificación de instrumento público y presentación de prueba falsa en juicio.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la labor del CDE en la protección del patrimonio público y privado, y en la lucha contra prácticas delictivas que buscan enriquecerse a costa de los demás. La ciudadanía puede confiar en que las autoridades velarán por la justicia y la integridad de los procesos sucesorios.