El próximo 27 de agosto se perfila como una fecha clave para la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. Ese es el plazo límite que tiene el Gobierno para llegar a un acuerdo con los dueños del terreno donde se ubica este asentamiento irregular, que alberga a cerca de 10.000 personas.
La toma, compuesta por más de 3.500 familias, ha estado en negociación con los propietarios del lugar, Ricardo Posada y Esteban Solari, con el asesoramiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Ministerio de Economía. El objetivo es encontrar una alternativa al desalojo que evite una crisis humanitaria de grandes proporciones.
Avances en las Negociaciones, pero con Plazo Apremiante
Según el delegado Presidencial Regional, Yanino Riquelme, si bien se han registrado avances en las negociaciones, la Delegación Presidencial de Valparaíso mantiene un plan operativo para ejecutar un eventual desalojo en caso de no llegar a un acuerdo antes de la fecha límite.
Por su parte, la seremi de Vivienda en Valparaíso, Belén Paredes, explicó que existe una mesa privada de negociación donde Gloria Maira, encargada del Minvu en San Antonio, actúa como puente de comunicación entre los residentes y la entidad estatal.
El Reto de los Elevados Precios del Terreno
Uno de los principales problemas que enfrentan las negociaciones son los elevados precios del terreno. En respuesta, los habitantes han conformado cooperativas de vivienda con asesorías del Minvu y del Ministerio de Economía, según detalló la seremi Paredes.
Carrera Contrarreloj y Confidencialidad
Actualmente, la negociación se lleva a cabo bajo un acuerdo de confidencialidad firmado por todas las partes, en una mesa de trabajo privada entre privados, el Estado y dirigentes sociales. El tiempo corre y el Gobierno deberá encontrar una solución sostenible antes del 27 de agosto para evitar un desalojo que podría tener graves consecuencias humanitarias.
