La comunidad de Punta Arenas se ha visto conmocionada por una reciente sentencia que ha generado una ola de indignación. Un hombre, declarado culpable del delito de abuso sexual con contacto corporal contra su hija de tan solo 7 años, ha sido condenado a tan solo 5 años de libertad vigilada intensiva, sin tener que cumplir pena efectiva de cárcel.
El caso se remonta a hechos ocurridos entre 2021 y 2022, cuando el agresor, un exfuncionario de las Fuerzas Armadas, abusó de su propia hija durante un régimen de visitas. Tras un proceso judicial de tres años, con pruebas que incluyeron entrevistas videograbadas y la declaración de la menor, el veredicto se dictó el 7 de julio. Sin embargo, la pena fue conocida este jueves y ha sido calificada por la madre de la víctima como «un tremendo beneficio para el agresor sexual de mi hija, más siendo el progenitor».
Para la madre, esta sentencia «es una burla para mi hija», ya que el condenado «va a seguir haciendo su vida normal, como si nada». Ella cuestiona la proporcionalidad del fallo, argumentando que «Cinco años caminando libre no reparan el daño que causó».
Una Decisión Judicial Cuestionada
La resolución judicial ha generado una ola de indignación en la comunidad, con la madre de la víctima expresando su frustración: «¿Cómo se puede considerar justicia que un abusador esté libre, mientras mi hija carga con esto toda su vida?».
Desde el Ministerio Público, se mantiene el caso bajo seguimiento, mientras la familia analiza presentar un recurso para exigir una pena efectiva de cárcel. La madre de la niña ha adelantado que «Voy a llegar hasta las últimas consecuencias» para lograr una sentencia que considere el verdadero impacto del abuso en su hija.
Llamado a Escuchar a los Niños
La madre de la víctima ha concluido con un mensaje contundente: «Los niños no mienten, hay que escucharlos. Esto no es justicia». Su llamado refleja la necesidad de que el sistema judicial priorice la protección de los menores y garantice que los agresores enfrenten consecuencias proporcionales a sus actos.
Este caso ha puesto en evidencia la urgente necesidad de revisar los criterios utilizados para determinar las penas en casos de abuso sexual infantil, a fin de asegurar que se haga justicia y se brinde la debida protección a las víctimas.
