En un giro controversial, la Secretaria del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, ha anunciado la entrada en vigor de 63 acciones desregulatorias dirigidas a estimular la creación de empleo, especialmente entre los trabajadores y empresas estadounidenses. Entre estas medidas se encuentra la derogación del programa de visas H-2A, que facilitaba la contratación de trabajadores agrícolas extranjeros temporales.
Según el Subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, las disposiciones derogadas afectaban a los trabajadores estadounidenses y eliminaban «los trámites burocráticos que destruyen empleos y que impulsan la inflación». Sin embargo, esta decisión tiene implicaciones más profundas para el sector agrícola y la economía en general.
Impacto en los Trabajadores Agrícolas Migrantes
El programa de visas H-2A había sido implementado el año pasado tras años de solicitudes de organizaciones de defensa laboral como el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW). Estas regulaciones protegían los derechos de los trabajadores extranjeros, como el uso de cinturones de seguridad, la prohibición de confiscar documentos y el derecho a sindicarse.
Ahora, con la derogación de estas medidas, los trabajadores migrantes quedan desprotegidos y expuestos a posibles abusos por parte de los empleadores. Esto podría generar un éxodo de mano de obra del sector agrícola, justo cuando la industria necesita desesperadamente trabajadores.
Implicaciones Económicas
La agricultura y las industrias relacionadas representan más del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos. En el año fiscal 2024, el Departamento de Trabajo certificó 384.900 empleos bajo el programa de visas H-2A.
La escasez de mano de obra y la incertidumbre jurídica generada por esta medida podrían tener un impacto negativo en la productividad y la competitividad del sector agrícola estadounidense. Esto, a su vez, podría repercutir en los precios de los alimentos y en la economía en general.
Reacción y Perspectivas
La Administración Trump ha justificado esta medida como parte de su compromiso de «restaurar la prosperidad estadounidense». Sin embargo, organizaciones como el UFW han criticado duramente la decisión, argumentando que perjudica a los trabajadores migrantes y debilita la seguridad alimentaria del país.
Mientras continúa el litigio sobre la legalidad de esta medida, el Departamento de Trabajo ha anunciado que considerará nuevas regulaciones. Será crucial monitorear cómo se desarrolla esta situación y cómo afecta a los trabajadores, las empresas y la economía en general.
