La reciente propuesta de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación ha reavivado un debate crucial en torno a los derechos y la salud de las mujeres. Sin embargo, la exclusión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en el proceso legislativo ha generado preocupación, ya que esta temática afecta directamente a la población femenina y requiere un análisis desde una perspectiva de género.
Tradicionalmente, la discusión de proyectos relacionados con el aborto se ha limitado a las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda, basándose en precedentes como la Ley Nº 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Sin embargo, es importante reconocer que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género fue creada posteriormente, en 2018, y comenzó a sesionar en 2019, por lo que no existen antecedentes históricos que justifiquen su exclusión en el debate actual.
La Necesidad de una Perspectiva de Género
La interrupción voluntaria del embarazo es una temática que afecta directamente a los derechos y la vida de las mujeres. Por lo tanto, su análisis desde una perspectiva de género es fundamental para garantizar un debate legislativo más inclusivo y representativo de las diversas realidades de nuestra sociedad.
Excluir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género perpetúa una visión limitada y excluyente en el proceso legislativo.
Es necesario revisar y actualizar los criterios de distribución de proyectos de ley a las comisiones, incorporando una perspectiva de género que reconozca la importancia de incluir a esta comisión en la discusión de iniciativas que afectan directamente a las mujeres.
Hacia una Deliberación Democrática
Solo al incluir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en el debate sobre la despenalización del aborto se podrá garantizar una deliberación democrática que no quede al arbitrio de acuerdos netamente políticos. Esta comisión, con su enfoque en los derechos y la equidad de género, puede aportar una visión integral y enriquecer el análisis de esta propuesta de ley.
Es fundamental que el proceso legislativo refleje la diversidad de nuestra sociedad y que las voces de las mujeres sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones que las afectan directamente. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.
