La Comisión Investigadora del Congreso ha tomado medidas drásticas tras la filtración de una conversación telefónica que involucra al exjefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi, y a la exsenadora Isabel Allende. La grabación revelaría supuestas gestiones de Allende para facilitar la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, su padre.
Tanto parlamentarios como la propia Isabel Allende han exigido explicaciones a Crispi sobre sus dichos en la llamada filtrada. La Comisión Especial Investigadora ha decidido citar a Crispi y a Allende a declarar en el Congreso, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si hubo algún tipo de tráfico de influencias o irregularidades en el fallido proceso de compra de la propiedad presidencial.
Crispi y su Rol en la Compra de la Casa de Allende
Según la información revelada, Crispi habría afirmado en una conversación con su madre que Allende «insistió» reiteradamente para que se efectuara la compra de la casa. Sin embargo, el abogado del exjefe de asesores ha salido al paso, señalando que se trató de una «conversación informal» y que Crispi «nunca tuvo conocimiento de presión alguna» por parte de la exsenadora.
Por su parte, Allende ha emitido un comunicado reiterando su inocencia y exigiendo a Crispi que aclare sus dichos «a la brevedad». La exparlamentaria ha sido enfática en señalar que no hubo ningún tipo de irregularidad en su accionar.
Posibles Tráfico de Influencias
El presidente de la Comisión Investigadora, el diputado Andrés Longton, ha apuntado a un posible tráfico de influencias en todo este proceso. Por ello, además de citar a Crispi y Allende, también convocarán al jefe de Gabinete del Presidente, Carlos Durán, para que brinde explicaciones.
Los parlamentarios de la comisión han sido críticos con el Gobierno, señalando que sabían de la inconstitucionalidad del proceso de compra de la casa de Allende. Incluso, algunos han cuestionado el rol de Crispi a lo largo de todo el procedimiento.
Esta filtración ha desatado una verdadera tormenta política, y la Comisión Investigadora del Congreso está decidida a llegar al fondo del asunto para determinar si hubo irregularidades y posible tráfico de influencias en la fallida compra de la histórica propiedad presidencial.
