La Fiscalía debería investigar si hubo una infracción penal en el uso de inteligencia artificial para valorar pruebas en la condena del médico colombiano Samir Rivaldo Hernández. El caso reabre el debate sobre los límites de la tecnología en tribunales, ya que la Corte Suprema ha establecido que la decisión judicial es una función humana e indelegable.
Hernández fue sentenciado a 21 años y un día de cárcel por fraude reiterado de subvenciones, emisión de licencias médicas falsas, asociación ilícita y lavado de activos. Su defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, buscando anular el fallo del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
El recurso de nulidad argumenta que una parte fundamental de la sentencia, que abarca 308 tomos y 456 mil páginas, fue elaborada con inteligencia artificial y transcripciones automáticas que no se revisaron correctamente. Según los abogados, esto contraviene el Auto Acordado de la Corte Suprema de noviembre de 2025.
Los defensores del médico colombiano señalan que el fallo contiene nombres erróneos, cifras contradictorias, datos que no existen y referencias que, a su juicio, demuestran la falta de una revisión directa y personal de las pruebas presentadas durante 122 jornadas de juicio.
La controversia radica en que esta delegación habría afectado la valoración probatoria, una función judicial que la ley prohíbe delegar. Aunque la defensa debe probar sus acusaciones en la audiencia, algunos expertos consideran que los antecedentes justificarían una investigación del Ministerio Público por una posible infracción al artículo 225 N° 2 del Código Penal.
Horas después de conocerse el caso de Hernández, otro incidente elevó el debate sobre el uso de la IA en la justicia. La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago incluyó en una resolución las instrucciones o “prompt” que se dieron a una herramienta de inteligencia artificial para redactar el texto.
“Eres un juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia [rechazando/acogiendo] el recurso. Dicha sentencia debe ser redactada siguiendo estas instrucciones”.
Tras la divulgación del “prompt”, la Corte rectificó la resolución y ordenó eliminar las páginas consideradas improcedentes del expediente, declarando: “Advirtiendo esta Corte que en esta causa se encuentra agregado un antecedente que no corresponde a estos autos, elimínese”.
Estos dos casos, aunque diferentes, abren un debate crucial. El primero es una acusación de la defensa que será resuelta por la Corte Suprema, mientras que el segundo evidenció el uso de un “prompt” de IA en una resolución rutinaria. La Corte Suprema, en su Código de Ética Judicial de noviembre de 2025, permite la IA para “eficiencia, rapidez en la tramitación y apoyo en la organización de la información”, pero establece límites claros.
El artículo 17 de dicho código es enfático: “La decisión judicial es siempre una tarea humana y su responsabilidad es indelegable”. Además, subraya que “ningún sistema automatizado puede sustituir el juicio de quien ejerce jurisdicción ni condicionar su independencia e imparcialidad”, imponiendo a los magistrados la obligación de mantener un “control significativo” sobre cualquier herramienta tecnológica empleada.
