La Cámara Baja ha aprobado una solicitud para exigir al Gobierno que actualice y entregue las cifras de homicidios correspondientes a 2024, tras meses de retraso en la publicación de datos oficiales. Esta iniciativa surge en medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad ciudadana y la falta de transparencia del Ejecutivo.
El diputado Agustín Romero, impulsor de la medida, cuestionó duramente la actitud del Gobierno. «¿Cómo pretende el gobierno combatir la delincuencia si ni siquiera se toma la molestia de actualizar las cifras de homicidios?»
, expuso. Romero vinculó la demora a un aumento de hechos violentos, como el reciente ataque contra el concejal Francisco Rodríguez en Maipú, que calificó como «una vergüenza».
Exigencia de Datos Desglosados y Transparencia
La solicitud de la Cámara exige al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría de Prevención del Delito que entreguen datos desglosados por región y comuna desde enero de 2022. Entre los requerimientos figuran el número total de delitos violentos, robos con violencia, violaciones, lesiones graves y la evolución mensual de estos crímenes.
Además, Romero pidió comparar las cifras con años anteriores y detallar homicidios consumados y frustrados, diferenciando autores conocidos y desconocidos. «Es inaceptable que el gobierno lleve una demora de nueve meses en la actualización de las cifras oficiales»
, insistió el diputado, calificando la situación como «negligencia».
Crimen Organizado y Narcotráfico
El pedido también incluye estadísticas sobre homicidios vinculados a crimen organizado, bandas delictuales y mafias extranjeras, identificando regiones y comunas con mayor incidencia. Además, se solicita información sobre incautaciones de drogas —tipo, cantidad en kilos— y armas decomisadas, separando armas de fuego y blancas.
Finalmente, Romero agregó un apartado sobre detenciones: cantidad de arrestos por delitos violentos y narcotráfico, porcentaje de imputados formalizados y estado procesal de los casos. También pidió datos sobre personas con medidas cautelares o condenas, y si cumplen penas efectivas o beneficios.
Esta solicitud de la Cámara Baja representa un llamado urgente a la transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno, en un momento en que la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población.
