El Presidente Gabriel Boric se ha visto envuelto en una serie de cuestionamientos legales que han generado un intenso debate público. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha acusado a ciertos grupos de utilizar el sistema penal como una herramienta política, citando específicamente la querella presentada contra el Presidente en relación a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Uso Político de las Querellas
Según Cordero, existe un «grupo de personas que ha decidido utilizar el sistema penal como herramienta política, con la interposición de querellas que creo que están generando una distorsión en el sistema de enjuiciamiento criminal muy severa». Él señala que esto no solo afecta este caso, sino que también otros procesos judiciales.
Los abogados Raimundo Palamara y John Reid, quienes lideran la querella contra el Presidente, han respondido a las acusaciones de Cordero. Reid afirma que la autoridad busca «amedrentar a quienes amamos nuestra profesión y usamos las armas que nos da el derecho para defender la institucionalidad».
Implicaciones para la Democracia
Cordero advierte que el «abuso de la querella como medio y herramienta política puede terminar por comprometer seriamente a todo el sistema político y no a un Gobierno en particular». Esto plantea preocupaciones sobre el impacto que estas acciones legales pueden tener en el funcionamiento de la democracia.
«Y a mí me parece que cuando eso, además, implica desafiar a la principal autoridad del país, es preocupante para el funcionamiento del sistema democrático»
, señaló Cordero.
Defensa de la Legalidad
Por su parte, los abogados Palamara y Reid argumentan que su objetivo es defender el ordenamiento legal y la búsqueda de la verdad, así como la protección de los recursos públicos, lo cual consideran un derecho y deber ciudadano.
Este debate pone de manifiesto la tensión entre el uso legítimo de los mecanismos legales y la percepción de que estos puedan ser utilizados con fines políticos. La resolución de esta situación requerirá un análisis cuidadoso y una búsqueda de equilibrio entre la independencia del sistema judicial y la preservación de la estabilidad democrática.
