El Gobierno de Argentina ha arremetido fuertemente contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 personas detenidas durante las manifestaciones del miércoles en los alrededores del Congreso en apoyo a los jubilados. Según el fallo de la magistrada, se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades y a la libertad de expresión.
Las masivas protestas fueron convocadas para exigir la actualización de pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, que vence en marzo y permitía acceder a una pensión a quienes no contaban con suficientes años de aportes. La jueza Andrade afirmó que la información sobre las detenciones se volvía imprecisa y dificultosa, y que la Policía dejó de entregar detalles sobre los arrestos, como la hora y lugar donde ocurrieron, así como los delitos específicos cometidos por los detenidos.
Gobierno Acusa a Jueza de «Justicia de la Puerta Giratoria»
En respuesta, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la «justicia de la puerta giratoria» es responsable directa del clima de inseguridad que se vive en Argentina. Según Adorni, La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad
. Además, agregó que Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices
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Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo, también criticó duramente a la jueza. Según Cúneo, Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía
. Cúneo afirmó que No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad
. Además, confirmó que se analizará la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura por posible incumplimiento de sus funciones.
¿Garantía de Derechos o Complicidad con la Violencia?
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se pronunció al respecto. Según Bullrich, lo ocurrido el miércoles fue una marcha organizada por patotas, barrabravas, por agrupaciones de izquierda violentas y distintos sectores que buscan la desestabilización total y absoluta de nuestro gobierno
. Bullrich afirmó que Nosotros detenemos a los violentos, y ellos los liberan para que la semana que viene vuelvan a delinquir. Son delincuentes organizados, piqueteros y militantes que buscan una sola cosa: desestabilizar
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En este contexto, la decisión de la jueza Andrade de liberar a los detenidos ha generado un intenso debate sobre los límites entre la garantía de los derechos constitucionales y la permisividad con actos de violencia. Mientras el Gobierno acusa a la jueza de complicidad, ella defiende haber actuado en defensa de las libertades fundamentales. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre el derecho a la protesta y el mantenimiento del orden público? Esta controversia pone de manifiesto la complejidad de los desafíos que enfrentan las instituciones argentinas en la búsqueda de soluciones justas y efectivas.
