En una decisión trascendental, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de apelación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), determinando congelar todos los bienes del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo. Esto se da en el marco de la investigación por fraude reiterado al fisco en la arista «manicure» del Caso Convenios.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones aplicó la medida cautelar real a tres propiedades de Ojeda ubicadas en las comunas de Freire, Temuco y Pucón. Esto le impide vender, traspasar o ceder dichos inmuebles, asegurando la devolución de los fondos públicos defraudados en caso de que sea declarado culpable en un juicio oral.
Cabe recordar que, anteriormente, el Juzgado de Garantía había acogido parcialmente el requerimiento del CDE, congelando solo tres de los siete bienes solicitados. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió extender la medida a la totalidad de las propiedades del exdiputado.
«Esta decisión es un paso importante para garantizar la recuperación de los recursos públicos desviados y hacer justicia en este caso de corrupción que ha indignado a la ciudadanía»
, señaló el abogado del CDE, Ernesto Guzmán.
Diputado Permanece en Prisión Preventiva
Cabe destacar que Mauricio Ojeda Rebolledo se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, luego de ser formalizado por el delito de fraude reiterado al fisco. La Fiscalía ha solicitado una pena de 19 años de cárcel para el exlegislador.
Este nuevo fallo de la Corte de Apelaciones se suma a la presión judicial que enfrenta Ojeda, quien ha sido despojado de su cargo parlamentario y ahora ve congelados sus principales bienes inmuebles. Todo esto con el objetivo de asegurar la restitución de los fondos públicos que presuntamente desvió durante su gestión.
Recuperación de Recursos Públicos
La decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco es un claro mensaje de que no habrá impunidad para los casos de corrupción que afectan a las arcas del Estado. Al congelar los bienes del exdiputado Ojeda, se busca garantizar que, en caso de ser declarado culpable, los recursos públicos defraudados puedan ser recuperados y reintegrados al erario nacional.
Este fallo se enmarca en un contexto de mayor escrutinio y exigencia ciudadana por la transparencia y el buen uso de los fondos públicos. La sociedad civil ha demandado acciones contundentes contra los actos de corrupción, y esta resolución judicial responde a esa necesidad de justicia y rendición de cuentas.
