En un informe revelador de la Contraloría General de la República, se ha puesto en evidencia que el municipio de Chiguayante fue la comuna que más licencias de conducir otorgó a deudores de pensión alimenticia en la región del Biobío, a pesar de que esta práctica ha estado prohibida por ley desde 2022.
Según el informe, Chiguayante emitió 128 licencias a deudores entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, superando ampliamente a otros municipios de la zona como Cañete, que entregó 73 licencias, y Concepción, Coronel y Yumbel, que otorgaron 25 cada uno.
Una Práctica Extendida a Nivel Nacional
Lamentablemente, la situación de Chiguayante no es un caso aislado. La Contraloría detectó que a nivel nacional, más del 70% de las municipalidades han otorgado licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, incluyendo localidades como Laja, Los Ángeles, Nacimiento, Talcahuano y Penco.
Esta práctica pone en riesgo el bienestar de los niños y familias vulnerables que dependen de esa pensión alimenticia para subsistir
, señaló un funcionario de la Contraloría. La ley es clara: los municipios no pueden entregar licencias a deudores, ya que esto les permite evadir sus responsabilidades y agravar aún más la situación de los menores.
Funcionarios Municipales también Involucrados
Pero el problema no se limita solo a los deudores. El informe también reveló que más de 60 funcionarios municipales habrían obtenido o renovado sus licencias de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, o en la que trabajan sus familiares, lo que sugiere posibles conflictos de interés y falta de transparencia.
Estas irregularidades ponen en evidencia la necesidad urgente de reforzar los controles y la rendición de cuentas en los procesos de emisión de licencias de conducir a nivel local, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad.
