Tras el rechazo de los recursos presentados por el Gobierno y los habitantes de la megatoma, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha fijado el 27 de febrero como la fecha de inicio del desalojo del terreno solicitado por el propietario. Sin embargo, dada la magnitud del asentamiento irregular, con más de 4,100 familias residiendo en el lugar, el proceso se llevará a cabo en etapas y de forma paulatina, con el apoyo de la fuerza pública.
El Gobierno ha emitido una declaración pública, llamando a la calma y asegurando que el inicio del desalojo no será un acto inminente. Reconocen que este es un problema nacional, con más de 1,432 campamentos distribuidos a lo largo del país, y han estado trabajando en buscar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas.
Esfuerzos del Gobierno para Encontrar una Solución Justa
Entre las acciones emprendidas por el Gobierno, se destaca que han estado actuando como intermediarios entre los propietarios del terreno y las familias que viven en la megatoma, buscando llegar a un acuerdo. Además, han estado gestionando que las familias se organicen en cooperativas para que puedan adquirir un terreno de forma colectiva, con más de 3,200 familias ya inscritas para este proceso.
El próximo lunes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Ministerio del Interior y los propietarios se reunirán para buscar una solución que considere la complejidad de este desalojo, dada la cantidad de personas que viven en la megatoma, incluyendo 3,300 menores de edad.
Desafíos y Perspectivas para una Solución Sostenible
El Gobierno reconoce que esta no es una situación fácil, pero afirma que siguen trabajando con fuerza en una solución definitiva que deje conforme a todas las partes involucradas. Sabemos que esta no es una situación fácil, por eso seguimos trabajando con fuerza en una solución definitiva que deje conforme a todas las partes involucradas
, han expresado desde el Ejecutivo.
El desafío radica en encontrar una solución justa y sostenible que permita reubicar a las familias de manera ordenada y digna, sin generar mayores problemas sociales. El Gobierno y las autoridades judiciales deberán trabajar de manera coordinada y con sensibilidad para lograr un resultado que beneficie a todos los afectados.
