Hace más de dos años se promulgó la Ley 21.500 de Extraviados, con el objetivo de establecer un marco legal integral para la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, a pesar de contar con presupuesto y aprobación reglamentaria, la ley aún no puede implementarse debido a la falta de un protocolo interinstitucional que debe coordinar los esfuerzos del Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Según la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el retraso se debe a que no se ha terminado de crear el sistema interconectado necesario para la implementación de la ley. Esta herramienta tecnológica busca centralizar y organizar la información sobre personas desaparecidas a nivel nacional, permitiendo una respuesta más ágil y coordinada entre las instituciones involucradas.
Frustración y Desconfianza Ciudadana
La falta de avances en la implementación de la Ley de Extraviados ha generado indignación entre legisladores de diversos sectores políticos. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) señaló que es una ley que hoy no tiene una operación práctica 100%, es una deuda que tiene el Estado
. Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez expresó estar super molesta y desconfiar de su gobierno
por no cumplir con esta obligación.
Ambos parlamentarios coinciden en que la falta de implementación de la ley es gravísima, ya que deja a la ciudadanía desprotegida ante la desaparición de personas. Santibáñez incluso mencionó haber paralizado manifestaciones por respeto al Gobierno, pero que ahora se siente frustrada al no ver avances concretos.
Principales Aspectos de la Ley de Extraviados
La Ley 21.500 busca superar las falencias actuales en la búsqueda de personas desaparecidas, estableciendo principios orientadores como la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. Además, crea un Sistema Interconectado de Búsqueda administrado por Carabineros, que centralizará la información aportada por el Ministerio Público, PDI, Servicio Médico Legal y Registro Civil.
Otro aspecto clave es la obligatoriedad de recepción de denuncias de desaparición, sin exigir un tiempo mínimo. Estas denuncias deberán ser comunicadas de inmediato al Ministerio Público e ingresadas al Sistema, dando inicio a un protocolo de actuación dentro de las primeras 24 horas.
Implementación Pendiente
A pesar de contar con presupuesto y aprobación reglamentaria, la falta de un protocolo interinstitucional entre las entidades involucradas ha impedido la plena implementación de esta ley. Autoridades y legisladores coinciden en que este retraso es inaceptable y deja a la ciudadanía desprotegida ante la desaparición de personas.
La subsecretaria Leitao y los diputados Guzmán y Santibáñez han expresado su frustración y desconfianza ante este incumplimiento, instando a las autoridades a priorizar la implementación de la Ley de Extraviados y cumplir con el compromiso adquirido hace más de dos años.
