En una resolución que ha generado gran preocupación, se conoció que la primera denuncia presentada bajo la Ley Karin en la región de Los Lagos ha terminado con el despido de la propia denunciante. Este hecho pone en tela de juicio la eficacia de esta nueva ley, diseñada para proteger a quienes sufren situaciones de acoso o maltrato en el ámbito laboral.
La denuncia fue presentada el pasado 4 de agosto, apenas tres días después de la entrada en vigor de la Ley Karin, por parte de la abogada Clara Hernández Mansilla, quien se desempeñaba en la Unidad de Regularización del Decreto Ley 2.695 de una Secretaría Regional Ministerial en Los Lagos. Según su relato, el 20 de noviembre recibió la notificación de que su denuncia había sido admitida a trámite, pero apenas ocho días después fue informada de su desvinculación.
La presidenta regional de la ANEF, Pamela Espinoza, expresó su preocupación ante este hecho, señalando que si bien la entrada en vigor de la Ley Karin les había generado esperanza, al ver que la primera denunciante de la región terminó perdiendo su empleo, se cuestiona si realmente se están siguiendo los pasos y tiempos acordados en la normativa.
Cuestionamientos sobre la Aplicación de la Ley Karin
La abogada Hernández Mansilla reconoció que las denuncias por Ley Karin se tramitan bajo secreto, pero decidió hacer público su caso debido a que no se habrían cumplido estrictamente los plazos ni las formas de un proceso de sumario. Esto genera dudas sobre la correcta implementación de esta ley, que debería garantizar la protección de los denunciantes.
Queremos denunciar de que pese a que hubo un enorme esfuerzo en torno a poder llegar a un acuerdo respecto a una mayor protección (…), hoy vemos cómo pierde su empleo, quien denuncia por Ley Karin
, explicó Espinoza, solicitando una reconsideración de la decisión para que la funcionaria pueda recuperar su fuente laboral.
Necesidad de Fortalecer la Ley Karin
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer la aplicación de la Ley Karin, asegurando que los procesos se lleven a cabo de manera transparente y respetando los plazos establecidos. De lo contrario, se corre el riesgo de que esta normativa, diseñada para proteger a las víctimas, termine convirtiéndose en un arma de doble filo que las perjudique aún más.
Las autoridades y organismos competentes deberán analizar a fondo este precedente y tomar las medidas necesarias para garantizar que la Ley Karin cumpla efectivamente con su objetivo de brindar un entorno laboral seguro y libre de acoso o maltrato.
