Justicia Restaurativa: Cómo 8 Militares Enfrentaron las Consecuencias de sus Actos en el Estallido Social de Temuco
A más de 600 días de presidio, pero con pena remitida, fueron sentenciados los 8 efectivos del Ejército declarados culpables de apremios ilegítimos cometidos en Temuco al inicio del estallido social en octubre de 2019. Esta sentencia, dictada por el juez de Garantía en Temuco, Luis Olivares, tras un juicio abreviado, representa un caso emblemático de justicia restaurativa en Chile.
Los Hechos: Simulación de Fusilamiento y Maltrato a Manifestantes
Los militares, dos tenientes, tres sargentos (uno de ellos en retiro) y tres cabos, fueron acusados de torturas respecto de dos hombres que detuvieron la noche del 22 de octubre de 2019 en Temuco, durante una manifestación al inicio del estallido social. Las víctimas denunciaron que, tras ser detenidos y esposados, fueron trasladados al exterior del Cementerio Municipal, donde los militares los golpearon con un fusil, los maltrataron, les ordenaron pararse frente a un cerco para simular su fusilamiento por la espalda
, y a uno de ellos le dieron un puntapié para que corrieran y escaparan.
Salida Alternativa: Juicio Abreviado y Reparación a las Víctimas
Para lograr esta salida alternativa, los militares condenados pagaron un millón de pesos cada uno a las víctimas, como reparación del mal causado. Además, estuvieron más de 550 días sujetos a prisión preventiva y arresto domiciliario total, aunque ambas cautelares las cumplieron en un cuartel militar, lo que fue abonado por el juez a la pena aplicada.
Conclusión: Justicia Restaurativa en Acción
Este caso demuestra cómo la justicia restaurativa puede ser una alternativa efectiva para abordar delitos cometidos en contextos de conflicto social, como el estallido social en Chile. Al enfrentar las consecuencias de sus actos a través de un juicio abreviado y la reparación a las víctimas, los militares condenados tuvieron la oportunidad de asumir responsabilidad y contribuir a la sanación de la comunidad afectada.
Este caso representa un importante precedente en la búsqueda de soluciones justas y equilibradas para los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social, priorizando la reconciliación y el aprendizaje sobre el mero castigo.
