SICH acusa a ministra Lincolao de vulnerar la libertad de asociación y la protección de datos

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La Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICH) denunció una posible vulneración de la libertad de asociación y de la protección de datos personales. Esta acusación surge después de que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, afirmara públicamente que su cartera tiene identificados y clasificados a los miembros de la organización según el cumplimiento de sus obligaciones como becarios.

La controversia se originó durante una sesión de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados. En dicha instancia, la secretaria de Estado presentó antecedentes sobre personas que recibieron financiamiento de Becas Chile y que mantienen situaciones de incumplimiento. Lincolao indicó que la SICH agrupa a 107 personas que obtuvieron becas por un total de $8 mil millones. De ellos, 12 registraban incumplimientos declarados y otros cinco habían presentado recursos de reposición.

Sin embargo, el punto que generó alarma en la SICH fue la declaración de la ministra respecto a contar con una nómina completa de sus integrantes. Esta lista estaría clasificada según la situación de cada uno respecto a sus obligaciones de retorno y retribución al país. La organización cuestionó la procedencia de esta información, asegurando que su listado de socios nunca ha sido público ni entregado al Ministerio de Ciencia o a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

“En democracia, nadie debería temer por asociarse”, plantearon desde la organización, advirtiendo que la situación podría afectar la libertad de asociación y la protección de datos personales, garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución.

La SICH argumentó que para clasificar a sus miembros según el estado de sus becas, necesariamente se debió realizar un cruce entre los registros de beneficiarios de ANID y una nómina privada de socios. Además, la asociación puso en duda bajo qué atribuciones legales se realizó dicho procedimiento, considerando que, según sus indicaciones, los organismos públicos solo pueden tratar datos personales dentro del marco de sus competencias.

Temor entre investigadores y solicitud de explicaciones

Desde la SICH afirmaron que este episodio ya ha provocado consecuencias internas. Relataron que algunos investigadores han solicitado mantener el anonimato, otros se han retirado de la organización por temor a represalias y han denunciado situaciones de acoso cibernético.

Ante este escenario, solicitaron al presidente de la Comisión de Ciencias de la Cámara, el diputado Daniel Manouchehri, que oficie al Ministerio y a la ANID. El objetivo es esclarecer cómo se identificó a sus socios y obtener respuestas sobre quién elaboró el documento exhibido por la ministra, qué bases de datos se utilizaron para cruzar la información, qué recursos públicos se destinaron y cuál fue el fundamento legal para este procedimiento.

“¿Cómo se obtuvo esta lista?, ¿con qué datos se cruzó y bajo qué norma legal se autorizó ese cruce?”, cuestionaron desde la asociación, agregando que hasta ahora no han recibido respuesta a sus requerimientos.

Consultado el Ministerio de Ciencia sobre estos cuestionamientos y el origen de la nómina, desde la cartera aseguraron que la lista era pública.

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