Acuerdo entre Lincolao y OpenAI genera dudas: el Ministerio de Ciencia no hará público el documento

Noticias más leídas

La reciente firma de un acuerdo entre la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, para explorar el uso de inteligencia artificial en el Estado chileno ha generado una serie de interrogantes y peticiones de transparencia por parte de parlamentarios de oposición. Este memorándum, rubricado en un contexto donde el fiscal general de California demandó a OpenAI por presuntas fallas de seguridad y el Gobierno impulsa una postergación de la Ley de Protección de Datos Personales, levanta alarmas sobre la seguridad de la información sensible y la independencia tecnológica del país.

El Ministerio de Ciencia, en respuesta a este medio, aseguró que el acuerdo no implica costo para el Estado, no establece exclusividad y no contempla la transferencia de datos sensibles de la ciudadanía. Asimismo, afirmó que la capacitación de funcionarios se realizará sin usar información personal ni bases de datos confidenciales. Sin embargo, la cartera ha declinado hacer público el documento firmado, aunque insiste en que Lincolao contaba con todos los respaldos gubernamentales y de Cancillería para proceder.

El acuerdo, denominado “OpenAI para Chile” y parte del programa internacional OpenAI for Countries, busca modernizar la gestión pública mediante aplicaciones de IA, capacitar a funcionarios y fortalecer la innovación nacional. Al anunciar la iniciativa, Lincolao destacó que estas herramientas se implementarían “con controles claros y supervisión humana en cada caso”, y que los resguardos específicos se definirían antes de cualquier implementación.

“Se trata de un acuerdo de colaboración: un marco no vinculante para explorar cooperación. No es una compra ni una adjudicación. Su firma no tiene costo para el Estado, tampoco implica exclusividad”, precisó el Ministerio de Ciencia.

Para su desarrollo, se conformará una mesa de trabajo mensual entre representantes del Ministerio y OpenAI, cuya función será revisar prioridades y planes. Esta mesa podrá recomendar actividades, pero sin comprometer recursos ni aprobar contratos, ya que cada proyecto deberá evaluarse individualmente y definir sus condiciones de seguridad, privacidad y contratación.

Las dudas sobre el acuerdo se centran en la protección de datos personales y la soberanía tecnológica. El senador Diego Ibáñez (FA) solicitó el memorándum íntegro y sus anexos, pidiendo también a la Contraloría evaluar su legalidad. Cuestionó la elección de OpenAI sin una licitación y las posibles implicaciones sobre la información de los ciudadanos: “¿Por qué no fue una licitación? ¿En qué compromete los datos personales de las y los chilenos?”, inquirió el senador.

De manera similar, la diputada Gael Yeomans (FA) ofició a la ministra Lincolao y a la subsecretaria Carolina Rossi para obtener el texto completo del acuerdo y aclarar los compromisos. Su preocupación se extiende al almacenamiento de la información, el posible uso para entrenar modelos de IA y la participación de OpenAI en la definición de prioridades estatales, lo que podría generar un conflicto de intereses. En tanto, la diputada Daniela Serrano (PC), miembro de la Comisión de Ciencias, criticó la concreción del acuerdo mientras el Congreso debate la regulación de la inteligencia artificial y el aplazamiento de la nueva Ley de Protección de Datos Personales.

Mas Noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias