45 asesinatos de líderes sociales en primeros 100 días de De la Espriella

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El gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, durante sus primeros 100 días, registra un alarmante balance en materia de derechos humanos. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documenta 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz y 26 masacres, con un total de 87 víctimas mortales.

El informe, titulado ‘100 días: el costo humano de la violencia’, abarca los eventos ocurridos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026. Indepaz subraya que el panorama es “preocupante”, con la violencia impactando gravemente a la población civil, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.

“Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un panorama preocupante en materia de derechos humanos y conflicto armado. Los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, las masacres, los desplazamientos forzados y las afectaciones a las comunidades muestran que la violencia continúa teniendo graves consecuencias sobre la población civil, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto”, ha destacado la organización.

Indepaz también manifestó inquietud por la persistencia de confrontaciones armadas, el uso de drones con explosivos y los riesgos de las operaciones militares, sobre todo donde podría haber niños, niñas y adolescentes reclutados. Además, se mencionan denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales que exigen una investigación “pronta, rigurosa e independiente”.

La violencia contra líderes sociales se concentró en los departamentos del Cauca (once casos), Antioquia (ocho) y Putumayo (cuatro). Los ocho firmantes del acuerdo de paz asesinados eran todos hombres. Las 26 masacres resultaron en 87 muertes, incluyendo cinco menores, y provocaron el desplazamiento forzado de 6.667 personas solo en agosto y septiembre.

Aunque Indepaz aclara que estos crímenes no se atribuyen automáticamente al gobierno actual, ya que responden a dinámicas territoriales y conflictos preexistentes, insiste en que el Estado tiene la responsabilidad fundamental de proteger a sus ciudadanos y garantizar los derechos humanos. La organización reitera que el diálogo y una salida negociada al conflicto son esenciales para frenar la violencia, enfatizando que “la respuesta militar, por sí sola, no resolverá las causas profundas de la violencia ni garantizará una paz duradera”.

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