La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, ha solicitado antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Defensoría Penal Pública. La gestión busca esclarecer las detenciones de personas por publicaciones en redes sociales y mensajes que presuntamente amenazaban al presidente José Antonio Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La acción fiscalizadora se enfoca en cómo operan las alertas que plataformas digitales como Meta remiten a las policías. Fries busca conocer cuántos procedimientos se han iniciado por estos reportes y si las actuaciones policiales han respetado las garantías constitucionales y legales. Los oficios, con fechas 11 y 12 de noviembre, mencionan al menos siete personas detenidas entre junio y octubre de este año por expresiones supuestamente amenazantes.
Entre los casos citados por la parlamentaria, se encuentran procedimientos en Cunco, Chillán y Linares. Este último involucró la detención de una adolescente de 17 años, cuya legalidad fue posteriormente cuestionada y declarada ilegal por el Juzgado de Garantía.
“Hemos conocido de al menos tres casos, uno de ellos que termina en una detención ilegal por amenazas al presidente José Antonio Kast. No toda amenaza debe ser investigada, tiene que ser verosímil. Y no confundir amenazas que no son verosímiles con sátiras o con críticas políticas”, afirmó Fries.
En el oficio dirigido al director general de la PDI, Eduardo Cerna, y al ministro de Seguridad Pública, Martin Arrau, la diputada solicitó copia del convenio o protocolo que rige la recepción de alertas de Meta y otras plataformas. También pidió información sobre el fundamento legal de estos instrumentos y el tipo de datos que reciben las policías, incluyendo si acceden a mensajes directos o publicaciones restringidas, y si solicitan información adicional sin orden judicial.
Fries requirió cifras de detenciones desde el 11 de marzo de 2026, diferenciando entre órdenes judiciales y flagrancia, el número de menores de edad involucrados y cuántos casos resultaron en detenciones declaradas ilegales. A la Defensoría Penal Pública, la parlamentaria pidió estadísticas de causas por amenazas a autoridades desde enero de 2024, abarcando medidas cautelares, resultados judiciales y detenciones ilegales, con especial énfasis en procedimientos con adolescentes.
La diputada recordó el caso de la adolescente de Linares, quien, según los antecedentes, habría sido interrogada sin la presencia de un defensor y sin lectura de sus derechos, contraviniendo el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
“Porque si perdemos de vista esta distinción, se produce algo que es muy complicado en una democracia, y que es la persecución”, enfatizó Fries.
El objetivo de estas solicitudes es definir los límites de la actuación policial ante este tipo de alertas. “Los delitos hay que investigarlos; pero la libertad de expresión hay que garantizarla”, concluyó la diputada, buscando un equilibrio entre la persecución del delito y el resguardo de las libertades individuales.
