La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la partida destinada a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027. Esta decisión se tomó tras una votación de 54 votos a favor, 44 en contra y 19 abstenciones, afectando especialmente el aumento propuesto del 45% en los recursos para la Secretaría de Comunicaciones (Secom).
El rechazo se produce luego de una serie de críticas a la cartera, incluyendo tropiezos que llevaron a la salida de la exministra Mara Sedini y la posterior asunción de Claudio Alvarado como biministro.
Diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) y de Republicanos manifestaron su postura en contra de mantener la Segegob, considerándola innecesaria. Criticaron el incremento de recursos para la Secom y sugirieron que se debe cuestionar la existencia misma del ministerio, no solo ajustar su presupuesto.
Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), también se apoyó el rechazo a la partida, argumentando que el gobierno no ha gestionado adecuadamente esta secretaría. Por su parte, el Ejecutivo defendió el gasto, señalando que es menor en comparación con años anteriores y recordó la convocatoria presidencial a una comisión para evaluar una nueva arquitectura del Estado.
El diputado Javier Olivares (PDG) cuestionó los recursos solicitados, afirmando que “Más de 27 mil millones de pesos para un ministerio que no ha demostrado resultados que justifiquen semejante gasto (…) Para comunicar sí hay plata, pero así y todo comunican mal”.
El diputado republicano Agustín Romero, en tanto, pidió la desaparición de la Segegob: “Es un ministerio que no sirve para nada. Y yo espero que en mi gobierno, el gobierno por el que voté y que respaldo plenamente, que esta sea la última vez que vemos esto como partida del presupuesto”.
Pier Karlezi, del PNL, destacó que esta es “una tremenda oportunidad para el gobierno del presidente Kast de cumplir una promesa, de cerrar este ministerio, de transformar la vocería en una subsecretaría de Interior y ahorrar una tremenda cantidad de lucas en un ministerio que nunca ha servido para nada más que para hacer propaganda política”.
La diputada Daniela Serrano (PC), señaló que el problema principal de la Segegob es la supresión de sus funciones y la falta de un ministro titular. Indicó que “la plata en materia de comunicaciones que están pidiendo en aumento no se justifica y no fueron capaces incluso de explicarlo de buena manera en la subcomisión mixta”.
Adicionalmente, se rechazaron las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incluyendo las del Servicio de Protección Especializada a la niñez y adolescencia y del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis). También se rechazó el programa de transferencias de capital al sector privado del Fondo de tierras y aguas indígenas.
Sin embargo, en esta última materia, se aprobó una indicación de la diputada Emilia Nuyado (PS), que establece que el presupuesto de este fondo no podrá ser inferior a 87 mil millones de pesos (monto base del presupuesto en 2026), para cumplir con los fines de la Conadi. El Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad.
Asimismo, se aprobó la indicación de la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), que crea una nueva glosa para que los recursos del Servicio Nacional del Adulto Mayor se destinen a elaborar una propuesta de construcción de nuevos Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y a la mejora de infraestructura existente.
Durante las intervenciones, se valoró la política del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de aumentar las familias de acogida y el crecimiento de los programas de protección a la niñez. Se destacó que, aunque la partida crezca un 1,9%, la mitad de los recursos se destinarán a la niñez, optimizando el gasto. Sin embargo, surgieron discrepancias sobre el apoyo real al sistema de cuidados, programas para personas con discapacidad y adultos mayores.
Hubo opiniones divididas sobre la reasignación de recursos en la Conadi. Mientras algunos valoraron el cambio de foco y criticaron la aplicación del Convenio 169, otros enfatizaron que este es una obligación del Estado de derecho. La Dirección de Presupuestos informó que el Ejecutivo planea ingresar una glosa en el Senado para reincorporar fondos para Coanil.
Las partidas de Vivienda y de Transportes fueron aprobadas sin grandes modificaciones, salvo detalles específicos. En Vivienda, se restaron recursos para el Serviu de Taparacá y se aprobaron dos indicaciones con reserva de constitucionalidad del gobierno. La primera autoriza financiar acciones de orientación, verificación y apoyo en la administración del subsidio de arriendo. La segunda establece que la distribución regional de los subsidios del Programa de Habitabilidad Rural debe considerar condiciones de aislamiento, dispersión territorial y mayor costo de construcción en zonas extremas.
En los discursos, se hizo hincapié en la necesidad de cumplir el sueño de la casa propia y de que la cartera de Vivienda apoye los proyectos de forma transparente y con plazos claros. Los programas más observados fueron el subsidio de arriendo y los programas DS 49, DS 27 y de habitabilidad rural. La discusión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se centró en las carencias en conectividad y desarrollo del sistema público de transporte a nivel de las distintas regiones del país.
