La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta un complejo escenario en la Cámara de Diputadas y Diputados. La oposición necesita sumar al menos 13 votos adicionales a sus 65 apoyos preliminares para alcanzar los 78 necesarios, y las miradas se centran en el Partido de la Gente (PDG), que aún no define su postura.
El libelo, presentado el jueves 12 de noviembre tras 16 días de conversaciones entre distintas fuerzas opositoras, fue suscrito por diez parlamentarios de seis partidos. Su objetivo es establecer responsabilidades del ministro Rabat por supuestas vulneraciones en la concesión de rebajas de condenas.
La acusación se estructura en tres capítulos principales. El primero cuestiona los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El segundo aborda las rebajas concedidas a responsables de crímenes de lesa humanidad. Finalmente, el tercer capítulo apunta a eventuales vulneraciones al principio de probidad en la gestión ministerial.
El jefe de bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, resaltó la coordinación opositora. “Esto es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto. Y esperamos y confiamos en que las y los diputados de esta Cámara de Diputados den lugar a la misma para que proceda la acusación constitucional”, declaró Leiva.
Con la acusación formalmente ingresada, la atención se ha trasladado hacia los 14 diputados del Partido de la Gente. Su bancada espera revisar íntegramente los antecedentes antes de tomar una decisión. Una posible salida que toma fuerza es la de otorgar libertad de acción a sus parlamentarios.
El jefe de bancada del PDG, Juan Valenzuela, reconoció que existen cuestionamientos políticos a la gestión de Rabat. Sin embargo, advirtió que estos no necesariamente configuran una infracción constitucional. Valenzuela detalló: “Otro ámbito tiene que velar con el tema jurídico, que es lo que incluso algunas voces autorizadas han dicho que podría existir un reproche moral, mas no hay una infracción constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros nos corresponde, efectivamente, es mirar aquellos capítulos que tengan el libelo”.
Además de la bancada del PDG, la oposición también sigue de cerca a algunos parlamentarios oficialistas que han expresado reparos a la gestión del Ministerio de Justicia. Sus eventuales abstenciones o ausencias en la votación podrían ser determinantes para el resultado final.
Desde el Gobierno, la defensa del ministro ha sido contundente. El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó la acusación como “liviana” y “mal preparada”.
El ministro Rabat no cometió ningún acto ilegal y tampoco inconstitucional; por el contrario, cumplió con la Constitución y la ley y, por tanto, esa acusación constitucional, a nuestro juicio, no cumple con ninguno de los requisitos necesarios para hacer una acusación constitucional que se pueda votar a favor.
El próximo lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará formalmente la tramitación, con la cuenta del ingreso del libelo y la conformación de la comisión revisora. Este proceso abrirá una nueva fase de debate jurídico y negociaciones políticas cruciales para definir el futuro del ministro Rabat.
