El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por un presunto fraude al Fisco que supera los 774 millones de pesos. La acción judicial se dirige contra exdirectivos y funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Coquimbo, además del representante legal de la empresa CMoller SpA.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2021 y 2022. Durante ese periodo, se habrían autorizado pagos por materiales que nunca fueron entregados, suministros que no cumplían las exigencias técnicas y obras que no se ejecutaron en la región. La querella fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de La Serena y nombra a Óscar Mauricio Vilches Estay (exdirector regional de Vialidad), José Luis Villagrán Moore (exjefe de Conservación y exdirector regional subrogante), Pablo Ignacio Geraldo Zúñiga (exfuncionario e inspector fiscal) y Gustavo Adolfo Esteban Contreras Gutiérrez (representante legal de CMoller SpA).
Una de las principales irregularidades señaladas por el CDE es la compra de rocas para construir defensas fluviales en siete puentes de la provincia del Limarí. A pesar de que Vialidad adjudicó contratos por más de 1.052 millones de pesos, el organismo sostiene que en cinco de esos sectores las estructuras de protección nunca se construyeron. Los materiales habrían quedado acumulados sin cumplir su finalidad. También se detectaron diferencias en la calidad y cantidad de los suministros.
Un ejemplo de esto se dio en los puentes El Higueral y Los Sapos, donde se pagaron 5.000 metros cúbicos de rocas, pero en terreno solo se identificaron 1.873,91 metros cúbicos. Por estas operaciones, el perjuicio fiscal asciende a 708.241.079 pesos.
Otro incidente tuvo lugar en El Delirio, Punitaqui. Allí, se cancelaron más de 42 millones de pesos por polvo de roca y material granular que no cumplía con las condiciones técnicas para ser usado como base de camino. Esta situación llevó a la terminación anticipada del contrato y a una nueva licitación, cuyo costo adicional fue de 180 millones de pesos, cifra que no está incluida en los 774 millones denunciados inicialmente.
Según el CDE, el mecanismo que facilitó estas irregularidades fue la falta de separación de funciones. Funcionarios que evaluaban las ofertas también intervenían en la fiscalización de los contratos y la autorización de pagos. Esta dualidad habría permitido la aprobación de informes de recepción con suministros defectuosos, incompletos o inexistentes. Se ha señalado que la empresa CMoller SpA obtuvo al menos 33 licitaciones de Vialidad Coquimbo entre 2021 y 2022.
En cuanto a las responsabilidades, la querella apunta al exdirector Óscar Vilches por su participación en la adjudicación de contratos y la designación de los funcionarios que luego fiscalizaban los mismos procesos.
