Ácido debate por el Presupuesto obliga a suspender sesión en la Cámara

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Un tenso debate en la Cámara de Diputados obligó a suspender la sesión de discusión del Presupuesto 2027. El enfrentamiento, protagonizado por parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Republicano, escaló con gritos, insultos y acusaciones cruzadas, incluyendo una polémica alusión a la detención de una diputada.

La controversia inició durante la intervención de la diputada Consuelo Veloso (Frente Amplio), quien criticó las prioridades presupuestarias del Gobierno. Veloso interpeló al diputado Ricardo Neumann (UDI), acusándolo de «care’palo» por defender un proyecto que, a su juicio, incumple promesas de campaña y aumenta el costo de vida.

“La voltereta, la sinvergüenzura, la maldad es muy grande en ustedes”, sostuvo Veloso, antes de acusar a los partidos de Gobierno de haber terminado “liberando a 53 pedófilos y 156 traficantes”.

La diputada continuó calificando la propuesta como un «presupuesto de hambre» y vinculó al oficialismo con polémicas rebajas de condenas a delincuentes sexuales y narcotraficantes. Ante los llamados al orden de la presidenta de la sesión, Ximena Ossandón (RN), Veloso insistió en que sus declaraciones eran «hechos de la causa».

El cruce se intensificó con la intervención del diputado republicano Diego Vergara, quien respondió a Veloso con una indirecta sobre un incidente previo. Vergara, mientras enumeraba distintos tributos, puso énfasis particular en el impuesto a los alcoholes (ILA), repitiendo la palabra «alcoholes» y explicando su significado.

Esta alusión fue interpretada como una referencia a la detención de Consuelo Veloso en marzo de 2025 en Viña del Mar, cuando fue sorprendida conduciendo en estado de ebriedad. La diputada había perseguido a presuntos ladrones tras un robo, chocó contra una berma y luego fue detenida por Carabineros.

La indirecta de Vergara provocó nuevas interrupciones y reclamos, lo que llevó a Ossandón a suspender la sesión. Posteriormente, el diputado republicano Cristián Araya exigió enviar a los involucrados a la Comisión de Ética, invocando los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara, buscando responsabilidades por la escalada de los incidentes.

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