Una supuesta organización criminal dedicada al robo de vehículos en la región de Tarapacá, que luego eran llevados a Bolivia para ser cambiados por dinero, drogas o armas, fue desmantelada tras una investigación fiscal que culminó con la Operación Quirquincho.
En total, 23 personas fueron formalizadas por su presunta participación en esta red, incluyendo cuatro menores de edad. Los cargos imputados abarcan asociación criminal, lavado de activos, robos, receptación de vehículos, microtráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones.
La investigación, liderada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá junto al SEBV de Carabineros, estableció que el grupo habría operado desde 2024, sustrayendo automóviles de forma sistemática para trasladarlos a Bolivia. La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, indicó que se les atribuyen 53 hechos relacionados con robos y receptaciones de vehículos, además de delitos vinculados al microtráfico y posesión de armamento.
Seis de los formalizados ya estaban privados de libertad en diversas cárceles del país, pero presuntamente continuaban coordinando las operaciones desde sus recintos. De hecho, tres imputados habrían ejercido funciones de liderazgo, financiamiento y coordinación, dando instrucciones y encargando la sustracción de vehículos, además de gestionar su comercialización y traslado a Bolivia.
Para operar, la Fiscalía identificó a integrantes que ubicaban y robaban los automóviles de la vía pública, utilizando dispositivos electrónicos especializados para programar llaves con chip y encender los motores rápidamente. Una vez sustraídos, los vehículos eran entregados a los llamados “chuteros”, quienes los llevaban a Bolivia por pasos no habilitados para intercambiarlos por dinero, drogas, armas de fuego y otros bienes.
Durante el operativo policial, otras cuatro personas fueron detenidas en flagrancia. Estas fueron formalizadas por delitos como tenencia y tráfico de armas y municiones, tráfico y microtráfico de drogas y estafa. De ellos, uno quedó en prisión preventiva, mientras que otros dos sujetos a arraigo nacional y firma periódica. La Fiscalía apeló ante la Corte de Apelaciones luego de que el tribunal rechazara la prisión preventiva para el cuarto imputado. El tribunal fijó un plazo de 180 días para la investigación.
