La Cancillería chilena enfrenta presiones para adoptar una postura más enérgica ante Argentina, luego de que un proyecto de ley presentado por la diputada Agustina Propato amenazara con la incautación de buques que abastezcan a las islas Malvinas. Esta iniciativa ha generado alarma en Chile, especialmente porque podría afectar el viaje del buque Danstar, programado para diciembre con destino a Puerto Stanley.
Parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara han exigido al canciller Francisco Pérez Mackenna una mayor firmeza y actuar con “mano firme”. El diputado Nelson Venegas, del Partido Socialista, criticó la actual conducción de la política exterior.
“Necesitamos un canciller que sea fuerte en sus decisiones, que sea firme en las determinaciones y la defensa de la patria, siempre con prudencia con el hermano pueblo argentino, pero hay que decirle las cosas y, como no lo han hecho, ellos siguen avanzando en sus declaraciones, en sus determinaciones y hoy día con este proyecto de ley”, afirmó Venegas.
A pesar de la controversia, expertos en derecho internacional han señalado que una eventual aprobación de la ley argentina no podría, por sí sola, restringir el derecho de paso inocente del Danstar. Este derecho está reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), y una legislación interna no puede modificar las obligaciones internacionales de un Estado en materia de navegación marítima.
Desde la región de Magallanes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió el derecho de su comuna a mantener relaciones comerciales. En una entrevista, Radonich enfatizó:
“El buque es un buque chileno con bandera chilena y por eso es que yo reivindico el derecho que tienen los magallánicos a comerciar con cualquier parte del mundo, pero eso no quiere decir que un tercer país como Argentina pueda decir con qué negocia Punta Arenas, y si este paso es uno inocente porque la Convención del Mar así lo indica”.
El buque Danstar, de la naviera Easter Island Logistics, busca restablecer la conexión comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas, una ruta inactiva desde 2011. Su itinerario contempla el uso del Estrecho de Magallanes y el derecho de paso inocente, evitando el mar de Drake.
La situación eleva la presión sobre la Cancillería chilena, en un contexto donde los parlamentarios demandan la defensa de la libertad de navegación y la protección de las operaciones comerciales que se originan en Magallanes frente a las acciones de Argentina.
