Una familia de campesinos de la provincia de Osorno denuncia que corre el riesgo de quedar en la calle después de que su propiedad, avaluada en más de 70 millones de pesos, fuera rematada por una deuda inicial de poco más de 3 millones con Banco Estado. Afirman no haber sido notificados del proceso.
El afectado, residente del sector de Aguas Buenas en Puerto Octay, dejó de pagar un crédito de consumo de 3 millones de pesos. La familia asegura que no se les avisó de la cobranza judicial ni se les ofrecieron alternativas de repactación, como el embargo de un vehículo de trabajo que poseían.
Sandra, hermana de Cristian Cárdenas, relató que un problema de salud y la posterior pérdida de empleo de su hermano impidieron el pago del crédito. La familia califica la situación como una “estafa”, indicando que de haber sido notificados a tiempo, la deuda se habría saldado sin la necesidad de un remate.
El caso llegó a la oficina parlamentaria del senador Fidel Espinoza, quien confirmó que, tras hacerse público, han surgido más denuncias de situaciones similares, incluso con la misma persona adquiriendo varias propiedades en remates.
Aquí pueden haber eventualmente verdaderas mafias que estén operando desde las instituciones, avisando que van a salir a remate tales propiedades.
El parlamentario enfatizó la necesidad de investigar posibles irregularidades, sugiriendo la existencia de “verdaderas mafias” que operarían con información privilegiada. Citó el ejemplo de Frutillar, donde un comprador ha adquirido ocho casas, planteando dudas sobre la normalidad de estas transacciones.
Actualmente, la familia y el equipo jurídico del senador Espinoza están recabando más antecedentes y han oficiado a Banco Estado y a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) para esclarecer si se respetó el derecho a la legítima defensa de los afectados. Este medio intentó contactar a ambas instituciones, sin obtener respuesta hasta el cierre de este artículo.
