Una nueva acción judicial se suma a la controversia por las reducciones de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. El abogado Raimundo Palamara, vinculado al Partido Republicano y en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentó una denuncia por eventual prevaricación judicial. Esta acción busca investigar 14 fallos de la Corte Suprema que habrían beneficiado a condenados.
La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público por Palamara y el también jurista Maximiliano Murath. Este recurso se diferencia de las gestiones del Partido Nacional Libertario, que evalúa acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, pues la presentación de Palamara apunta a establecer posibles responsabilidades penales.
El documento detalla 14 resoluciones de la Corte Suprema, emitidas entre 2022 y 2026, que favorecieron a individuos condenados por violación y abuso sexual de menores. Entre los casos mencionados, destacan cinco fallos del 14 de abril de 2026, donde la mayoría favorable habría sido integrada por los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, junto al abogado integrante Eduardo Gandulfo.
Los denunciantes buscan determinar si algunos magistrados actuaron con conocimiento de ir contra una prohibición legal vigente al aplicar criterios que permitieron reducir condenas. Sin embargo, el mismo escrito reconoce que existen distintas interpretaciones jurídicas sobre la aplicación de la ley y que votar a favor de estos beneficios no constituye, por sí solo, un delito. Por ello, la solicitud apunta a individualizar responsabilidades y distinguir entre quienes respaldaron y quienes votaron en contra.
Uno de los argumentos clave de la Fundación Fuerza Ciudadana se relaciona con la investigación contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario Luis Silva, quienes fueron denunciados por los diputados Luis Cuello y Juan Santana por presunta prevaricación administrativa. La fundación argumenta que si se investiga a autoridades del Ejecutivo por una interpretación legal, también corresponde examinar las resoluciones judiciales que establecieron ese criterio.
El documento sostiene que se deben investigar las eventuales responsabilidades de quienes sentaron la jurisprudencia utilizada por Rabat y Silva, aunque reconoce que las responsabilidades penales de jueces y autoridades administrativas son distintas. Entre las diligencias solicitadas, se incluye la recopilación de expedientes judiciales, registros de votación y antecedentes del Ministerio de Justicia y Gendarmería. También se busca establecer qué rebajas resultaron en libertades anticipadas y cuáles se concedieron por órdenes judiciales.
La denuncia también reconoce las restricciones legales existentes para perseguir penalmente ciertas actuaciones de ministros de la Corte Suprema. Así, mientras los libertarios consideran acusaciones constitucionales, la acción de Palamara abre un nuevo frente penal en la controversia por las rebajas de condenas. El Ministerio Público deberá definir la eventual investigación y su alcance.
