La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, exigió cambios en el gabinete del presidente José Antonio Kast tras el respaldo a su ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el marco de las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. Vallejo contrastó la continuidad de Rabat con situaciones anteriores que derivaron en la salida de ministras por “razones menos graves”.
Según la exministra, el Ejecutivo no ha aplicado el mismo estándar para establecer responsabilidades políticas de sus autoridades. “En este caso por liberar a pedófilos no han ocupado la misma vara. Y eso es responsabilidad política del presidente de la República”, afirmó Vallejo, quien identificó a Rabat y al subsecretario Luis Silva como los principales responsables de autorizar las rebajas mediante decretos sin orden judicial.
Vallejo insistió en que la permanencia de Rabat compromete directamente al jefe de Estado. “Si hay un responsable político real es el presidente Kast que ha decidido hasta el día de hoy respaldar al ministro de Justicia a pesar de todos los antecedentes que ya se han dado a conocer de su responsabilidad política”, señaló en Turno AM. Para la exvocera, el mero reconocimiento de un error sin consecuencias para los involucrados no es suficiente.
“No basta con decir que hubo un error político y no hacer valer la responsabilidad política de ese error”, sostuvo Vallejo, añadiendo que “si el ministro está donde está es porque el presidente Kast lo está protegiendo”.
Otro punto de crítica de Vallejo fue la aparente contradicción dentro del Ministerio de Justicia. Mientras se aprobaban rebajas por vía administrativa, las seremis del mismo gobierno rechazaban solicitudes similares. “Mientras el ministro de Justicia aprobaba en como una especie de fast track decretos a favor de los violadores, los seremis de Justicia no tenían esa orden y estaban rechazando”, explicó.
La exministra desmintió el argumento de que el Gobierno debía aplicar el criterio de la Corte Suprema para evitar judicializaciones, indicando que se podía rechazar las solicitudes y defender esa postura en tribunales. “Nos han mentido, han ocultado información, han generado versiones contradictorias y lo peor de todas las cosas es que han dicho que hay responsabilidades políticas, pero no las están pagando”, acusó.
Vallejo también refutó la comparación con la administración anterior respecto a las rebajas de condena, enfatizando que la diferencia clave radica en si los decretos se firmaron por orden judicial o por decisión administrativa. Durante el gobierno de Gabriel Boric, el criterio era rechazar solicitudes de condenados por delitos sexuales contra menores y enfrentar los recursos de amparo. “¿Por qué en algunos casos se firmaron los decretos de rebaja de penas? Porque había una orden judicial”, aclaró.
Finalmente, la exvocera lamentó que en este “enredo de contradicciones, de mentiras, de privilegiar la protección de un ministro ante las víctimas, terminan perdiendo las personas”. Esta situación, a su juicio, agrava la revictimización y la sensación de desprotección para las víctimas y sus familias, quienes ven a los condenados libres por decisiones administrativas.
