El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, ha reconocido que la administración de José Antonio Kast atraviesa una “crisis grande”. Esta situación se produce a raíz de la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, una medida firmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Pese a la controversia, Arenas defendió la actuación del ministro en Radio Duna, asegurando que “estamos convencidos de que el ministro cumplió con todas sus obligaciones constitucionales, legales, administrativas”. Por ello, descartó una “causal para una acusación constitucional”.
Sin embargo, el vocero admitió que existen “grandes deficiencias desde el punto de vista humano con las víctimas y también políticos”. Arenas confía en que Rabat “tiene una defensa sólida y una personalidad suficiente para enfrentar esto, pero no sabemos cómo va a terminar porque es un tema político en desarrollo”.
La oposición anunció una acusación constitucional contra el ministro Rabat tras una sesión especial en la Cámara de Diputados. Ante esto, Arenas confirmó haber conversado con los presidentes de los partidos Republicanos, UDI y RN, para sondear los apoyos dentro del oficialismo. “No tenemos alineados a todos los nuestros, pero esperamos alinearlos. Tenemos varias reuniones con ellos para mostrarles los antecedentes”, detalló.
Arenas enfatizó que el presidente José Antonio Kast ha enfrentado la situación “de frente”. El mandatario calificó públicamente la medida como un error, una postura que el vocero destacó como un liderazgo “distinto”. “Quizás cualquier asesor político le hubiese dicho: ‘No, usted no, mande al ministro, mande al vocero, mande a cualquier otro’, pero el presidente no es de ese estilo”, comentó Arenas. Añadió que “el presidente dice que lo que hay que enfrentar, se enfrenta; pone la cara, da la pena y en ese sentido es un liderazgo distinto”.
La controversia por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sigue escalando, y la decisión de la oposición de avanzar con la acusación constitucional mantiene la tensión política.
