La tramitación del proyecto de Sala Cuna está en una etapa clave en el Congreso. Ya avanzó en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados justo cuando este viernes 30 de octubre vence el plazo para que el Ejecutivo presente sus indicaciones. El debate se concentra en cómo financiar el nuevo sistema para garantizar que sea efectivamente accesible para todos, aún más cuando el desempleo femenino sigue sobre el 10%.
De acuerdo a la información recabada por El Reporte Diario, los cambios del Ejecutivo considerarían que la cotización total del Fondo bajaría de 0,35% a 0,3%, de cargo del empleador. Este se financiaría con una rebaja de 0,15%, tanto en lo que se destina a las cuentas individuales de cesantía como en lo que va al Fondo de Cesantía Solidario.
Así, la cuenta individual bajaría de 1,6% a 1,45% y el fondo solidario de 0,8% a 0,65%, sin que aumente el costo laboral. Esta fórmula reduce el recorte a las cuentas individuales respecto de la indicación presentada en el Senado, que lo fijaba en 0,2%. Sin embargo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, evitó adelantar detalles sobre estas indicaciones, señalando que se encuentra en reuniones con la oposición en el Congreso.
En el debate político, hay una propuesta que acerca posturas y que plantea que la cotización al Fondo de Sala Cuna se diferencie según la categoría de las empresas, medida por su facturación anual en Unidades de Fomento (UF). Y para eso se dividiría en tres tramos.
En el primer tramo están las micro y pequeñas empresas, que pagarían un 0,25% de la planilla, que a su vez se financiaría de la Cuenta Individual de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario, que aportan un 0,1% y un 0,15% respectivamente.
En el segundo tramo están las medianas empresas, donde la cotización subiría a un 0,35%. El Fondo de Cesantía Solidario mantendría su 0,15%, y es la cuenta individual la que subiría al 0,2%.
Finalmente, las grandes empresas serían las más exigidas, con un 0,45%. Conservan esa misma distribución del tramo anterior y agregan un 0,1% extra, que saldría directamente del bolsillo del empleador. Es el único caso en que la propuesta contempla un costo para la empresa.
La diputada del PDG Tamara Ramírez sostuvo que, tras reunirse en el Congreso con el ministro Rau, se logró avanzar en que se acogieran algunas de las ideas propuestas por la parlamentaria.
Como el costo del servicio varía entre territorios, aún no se sabe si habrá copago. Si lo hay, el Gobierno propone un suplemento solidario para las familias del 60% más vulnerable.
