La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) ha expresado su firme rechazo a la reciente decisión de la Corte Suprema de remover de su cargo al juez Daniel Urrutia. La entidad acusa una seria vulneración de la libertad sindical, del debido proceso y de la independencia judicial, destacando que Urrutia es un dirigente de su organización.
Uno de los argumentos centrales de la OTJ es que el juez Urrutia cuenta con fuero sindical, amparado por el artículo 25 de la Ley n.º 19.296. Según la organización, esta protección legal impide la separación arbitraria de sus funciones a quienes ejercen la representación sindical. Desconocer este fuero o aplicarlo de manera restrictiva, advierten, sienta un precedente alarmante para todas las organizaciones sindicales dentro del Poder Judicial.
La OTJ también cuestionó la proporcionalidad de la medida disciplinaria. Argumentan que los hechos que llevaron al procedimiento, relacionados con el uso de licencias médicas, ya habían sido examinados por la Corte de Apelaciones de Santiago sin que se impusieran sanciones. Consideran difícil de comprender que la Corte Suprema haya optado por la remoción, la sanción más severa, en este contexto, lo que genera dudas sobre la seguridad jurídica y el debido proceso.
“Resulta difícil comprender que, respecto de hechos que ya fueron examinados por la Corte de Apelaciones de Santiago sin imponer sanciones, la Corte Suprema haya decidido aplicar la medida más extrema que contempla nuestro ordenamiento”, argumentan.
La organización estableció una comparación con el caso del ministro Antonio Ulloa, quien ha enfrentado cuestionamientos por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo antecedentes de nombramientos judiciales y filtraciones de información reservada. La OTJ reprocha que, a pesar de la gravedad de estos hechos, la Corte Suprema no logró los votos necesarios para remover a Ulloa, lo que pone en entredicho la uniformidad de los criterios disciplinarios del máximo tribunal.
Esta disparidad, según la OTJ, plantea interrogantes sobre si las resoluciones responden exclusivamente a fundamentos jurídicos objetivos. La organización insiste en que la confianza pública en la justicia demanda que las decisiones disciplinarias se basen en criterios verificables, sin dar lugar a sospechas de favoritismos o discriminación.
Finalmente, la declaración de la OTJ vincula la remoción de Urrutia con la presión política de partidos de derecha que habían exigido públicamente su salida. La coincidencia entre estas demandas y la decisión final, para la organización, hace indispensable que la Corte Suprema entregue fundamentos suficientes y transparentes que descarten cualquier influencia externa al derecho. La OTJ anunció su solidaridad con el juez Urrutia y su disposición a impulsar acciones jurídicas e institucionales, tanto a nivel nacional como internacional, para defender la independencia judicial y la aplicación de estándares equitativos para todos sus miembros.
“La independencia judicial se debilita cuando la severidad de las decisiones disciplinarias parece depender de quién es juzgado y no exclusivamente de la gravedad de los hechos. La justicia debe aplicar los mismos estándares a todos sus integrantes, sin privilegios, favoritismos ni represalias”, culminaron.
