La nominación de Sandra Ponce de León como ministra suplente del Tribunal Constitucional (TC) genera un nuevo desafío para el Gobierno y el Ministerio de Justicia. Su designación reemplaza a Daniel Montalva, cuya idoneidad constitucional había sido cuestionada, y surge a pesar de un pasado polémico de Ponce de León en el mismo organismo.
Ponce de León, quien ya fue relatora y jefa de gabinete de la Presidencia del TC, enfrenta objeciones debido a dos incidentes previos. Uno de ellos involucra una disputa con el ministro Iván Aróstica por la alteración de una frase en un fallo sobre la Ley de Isapres. El otro se refiere a su negativa a renunciar a su cargo de confianza en 2014, tras un cambio en la presidencia del tribunal.
Abogada de la Universidad Gabriela Mistral y magíster en Derecho Público de la Universidad Católica, Ponce de León asumió como relatora del TC en 2006. Durante su período en el tribunal, se le describe de manera diversa, entre diligente y con falta de proactividad, aunque su salida se vinculó directamente al incidente con Aróstica.
El conflicto con Aróstica surgió por la redacción de un fallo relacionado con la tabla de factores de la Ley de Isapres. El ministro acusó a Ponce de León de haber modificado sin su consentimiento una frase del texto. Fuentes indican que la frase cambiaba la doctrina a favor de las isapres.
—Era una frasecita que cambiaba la doctrina a favor de las isapres —recuerda una fuente—. Ella lo negó.
Este episodio fue discutido en el Pleno del tribunal, aunque no quedó registro en las actas. Pocas semanas después, en mayo de 2011, Ponce de León renunció a su cargo.
Una de las personas que defendió a Ponce de León en ese momento fue la ministra Marisol Peña, quien cuestionó la acusación de Aróstica, dado su buen concepto del trabajo de la relatora y la intensidad con la que los fallos eran revisados por los ministros.
Recientemente, la actual presidenta del TC, María Pía Silva, consideró nombrar nuevamente a Ponce de León como jefa de gabinete. Sin embargo, fuentes de Bío Bío Investiga aseguran que la presidenta desistió de la contratación tras los reparos manifestados por algunos ministros del Tribunal Constitucional.
