La alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (Ind.-exUDI), continúa bajo escrutinio público tras revelarse que su empresa Protecc Chile, dedicada a servicios de seguridad, habría sostenido negocios irregulares con diversas entidades estatales.
De las 501 órdenes de compra que se adjudicó la firma, se ha constatado que 87 de ellas se realizaron contraviniendo la normativa vigente. Entre las instituciones que suscribieron estos contratos figuran la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio de Salud Aconcagua y la Municipalidad de Catemu.
En este sentido, la abogada especializada en derecho administrativo, Mónica Bascuñán, indicó que, de comprobarse la responsabilidad de Rossat en este hecho, se le aplicarían los cargos por abandono de deberes, al tratarse de una autoridad pública. Asimismo, afirmó que todos los contratos que se suscribieron después de la promulgación de la normativa deben ser invalidados.
Expertos en esta materia sostienen que las cargas no solo deben recaer en la firma acusada, sino también en las instituciones estatales que abrieron sus procesos de licitación y que no se informaron sobre la procedencia de la empresa, tal como lo constató Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente.
Concejales de la comuna informaron a este medio que ya se presentó la solicitud ante la Contraloría para investigar a la jefa comunal, oficio que se realizó durante la semana pasada. Este medio intentó comunicarse con la alcaldesa Verónica Rossat, quien señaló haber cerrado el tema y declinó pronunciarse al respecto.
Uno de los entes involucrados, la Municipalidad de Catemu, consignó que el trato suscrito con la firma de Rossat fue invalidado, luego de que se revelase que detrás de Protecc Chile había una autoridad comunal. En específico, la compra constó de un servicio de guardias y de cámaras de seguridad para el CESFAM de Catemu, avaluada en casi 6 millones de pesos.
Cabe recordar que la Ley 21.659 de Seguridad Pública, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2025, prohíbe que las empresas privadas cuyos propietarios sean alcaldes ofrezcan servicios de seguridad al Estado.
