Una intensa polémica política se desató en X (antes Twitter) tras conocerse la rebaja de condena de 56 personas vinculadas a delitos de abuso y violación de menores.
Desde el Gobierno han defendido la actuación del ministro Fernando Rabat, afirmando que “somos un Gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución” y que “estos beneficios fueron establecidos en la Ley 19.856 del año 2003, durante un gobierno de la Concertación”, según explicó el vocero Gonzalo Arenas. No obstante, la oposición ya organiza una acusación constitucional contra el jefe de la cartera.
Esta situación ha provocado diversas reacciones en el ámbito político. Una de las más comentadas provino del presidente del partido republicano, Arturo Squella, quien interpeló al exministro Hernán Larraín con un “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer”.
La controversia escaló, generando un nuevo roce con otro de los partidos oficialistas, Evópoli. Su presidente, el senador por la región Metropolitana y exministro de Culturas, Luciano Cruz-Coke, hizo un llamado a la prudencia y a la reflexión a Squella.
Arturo, diriges el partido del presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira.
Cruz-Coke enfatizó la importancia de resolver las diferencias internas a puertas cerradas, advirtiendo que, si continúan ventilándose en redes sociales, se crea un escenario donde “así no se necesita oposición”.
