El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió la reforma propuesta por el Gobierno al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y criticó el uso de acciones penales por parte del organismo durante el estallido social de 2019. Durante su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rabat cuestionó la eficacia de las querellas presentadas por el INDH.
Según el secretario de Estado, el INDH interpuso 3.263 querellas criminales en el contexto de las protestas, de las cuales solo 68 habrían tenido “algún destino”. “No cabe ninguna duda de que ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal”, afirmó Rabat, justificando así uno de los principales objetivos de la reforma: la eliminación de la facultad del Instituto para presentar este tipo de acciones judiciales.
El ministro argumentó que la persecución penal es una atribución del Ministerio Público, un organismo autónomo en Chile. Además, recordó que la capacidad del INDH para querellarse fue incorporada a la ley que creó la institución tras un veto de la entonces presidenta Michelle Bachelet.
El proyecto de reforma, ingresado al Congreso, plantea una significativa reducción de los integrantes del Consejo del INDH, pasando de 11 a cinco miembros. También propone la creación de una Dirección Ejecutiva para la administración del organismo.
Uno de los cambios más relevantes se concentra en las facultades judiciales del Instituto. La iniciativa busca reemplazar la presentación de querellas criminales por una atribución de denuncia institucional ante las autoridades competentes. Sin embargo, el INDH mantendría su capacidad para interponer recursos de amparo y protección.
Rabat aseguró que estas modificaciones no buscan debilitar la protección de los derechos humanos. Destacó que la propuesta incluye la facultad de presentar opiniones especializadas ante tribunales, bajo la figura de amicus curiae, y la elaboración de informes técnicos y recomendaciones sobre iniciativas legislativas.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, detalló que la reforma contempla la formación de un consejo implementador transitorio de cinco integrantes. Estos serían designados por el Senado a partir de una nómina enviada por el presidente de la República, con una duración de dos años sin posibilidad de reelección.
Este consejo implementador estaría a cargo de elaborar los nuevos estatutos y establecer los procedimientos para la nueva estructura institucional. Una vez concluida esta etapa, el INDH contaría con un consejo permanente de cinco integrantes, que incluiría la participación de representantes de la sociedad civil, la academia y el Congreso. La propuesta también permitiría que el Instituto apruebe sus propios estatutos sin requerir la autorización presidencial, lo que el Ejecutivo considera un fortalecimiento de su autonomía.
