El senador Diego Ibáñez, representante del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley para modificar la conocida “Ley del Mono”. La iniciativa busca simplificar el proceso de regularización para negocios de barrio, pymes y organizaciones sociales que administran sedes comunitarias.
La Ley N° 20.898, en vigor desde 2016, permite obtener el permiso de edificación y la recepción definitiva en un solo trámite para construcciones que carecen de ellos. Sin embargo, su Título II, que abarca microempresas inofensivas y equipamiento social, estuvo excluido de la prórroga de 2019 y solo se reincorporó en 2022. Esto dejó a muchos negocios y organizaciones sin posibilidad de regularizarse durante casi tres años.
“La Ley del Mono se pensó para las familias, los almacenes y las juntas de vecinos, pero en la práctica las trabas burocráticas han dejado afuera justamente a quienes más la necesitan”, sostuvo el senador Ibáñez. Añadió que “hay sedes que los vecinos levantaron y que hoy no pueden postular a fondos porque no pueden regularizarse, y amasanderías que llevan años sin patente definitiva. Con este proyecto queremos que la ley sirva de verdad, sin bajar ni un solo estándar de seguridad”.
Actualmente, solo el dueño de la propiedad puede solicitar la regularización, una limitación que el proyecto de ley busca eliminar. Una de las propuestas clave es permitir que juntas de vecinos, clubes deportivos y otras organizaciones sin fines de lucro, que ocupan terrenos municipales o fiscales en comodato, puedan presentar la solicitud directamente.
El proyecto también contempla que, al ingresar la solicitud, el municipio otorgue una patente provisoria al negocio o pyme. Esta patente se transformará en definitiva si la regularización es aprobada. Además, mientras el trámite esté en curso, no se podrán aplicar multas, clausuras ni demoliciones por falta de permiso, a menos que exista un riesgo inminente para las personas.
Para agilizar el proceso, la iniciativa obliga a la Dirección de Obras Municipales (DOM) a emitir todas sus observaciones de una sola vez, dando un plazo de 60 días hábiles para corregirlas. El certificado sanitario, por su parte, podrá presentarse después de ingresar la solicitud de regularización.
Otro cambio relevante es la inclusión explícita de clubes deportivos, centros culturales y sedes de organizaciones de personas mayores dentro de la definición de equipamiento social. Esta modificación busca asegurar que estas entidades también puedan beneficiarse de los procesos simplificados.
“Muchas veces el problema no es cumplir con la norma, sino el laberinto de trámites. Que la DOM haga todas sus observaciones de una vez, que el emprendedor pueda tener patente provisoria y que nadie sea multado por ponerse al día es de sentido común”, complementó el parlamentario.
El proyecto del senador Ibáñez se suma y complementa otra iniciativa en discusión en la Comisión de Vivienda del Senado, que busca actualizar la fecha de corte, superficies y plazos de la ley. Las solicitudes ya pendientes podrán acogerse a las nuevas normas sin necesidad de presentarse nuevamente, facilitando así la regularización de miles de construcciones a lo largo del país.
