La Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió una declaración pública en respuesta a las millonarias pérdidas que afectaron a los fondos más conservadores del sistema de AFP en 2026. Este es el primer pronunciamiento oficial del partido gremialista sobre el desplome del Fondo E, donde exigen un plan de compensación para los afiliados y la renuncia de ejecutivos involucrados.
El documento subraya que la «responsabilidad que se les ha confiado a las Administradoras de Fondos de Pensiones exige actuar con absoluta diligencia, prudencia, transparencia y cuidado», una exigencia que, según el gremialismo, está expresamente establecida en la legislación vigente. La declaración enfatiza que se trata de «los ahorros que, con mucho esfuerzo y sacrificio, millones de trabajadores han construido a lo largo de su vida laboral».
La UDI manifestó serias dudas sobre el cumplimiento de estas obligaciones, citando «antecedentes conocidos últimamente» que les generan preocupación. Aunque aún no se ha determinado si las AFP actuaron fuera de los límites legales, el gremialismo sugiere que las administradoras «asumieron riesgos excesivos con el propósito de obtener mayores incentivos económicos a partir de rentabilidades más altas».
Esta conducta fue calificada por la declaración como «codicia desmedida y una absoluta indiferencia con los recursos de los chilenos que confiaron en esos fondos precisamente por sus características». Asimismo, se advierte que las AFP recibieron múltiples alertas sobre los riesgos asumidos, y se critica que el regulador de la época no habría tomado las medidas necesarias para prevenir la situación, un aspecto que «requiere ser esclarecida pronto».
La declaración afirma que “la responsabilidad que se les ha confiado a las Administradoras de Fondos de Pensiones exige actuar con absoluta diligencia, prudencia, transparencia y cuidado“. El texto sostiene que la legislación establece esa exigencia de forma expresa.
Ante la magnitud de los hechos, la bancada de la UDI acordó solicitar al Gobierno un plan extraordinario de compensación. Este plan, que debería presentarse en el corto plazo, se propone con «cargo directo al patrimonio de las AFP» y estaría dirigido específicamente a «los mayores de 60 años que en 2026 mantenían sus ahorros en los fondos más conservadores del sistema».
En la misma línea, la UDI valoró positivamente el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Pensiones contra las siete administradoras. Sin embargo, la bancada sostiene que «estamos convencidos de que las responsabilidades deben ir más allá de las eventuales sanciones administrativas».
Finalmente, la UDI exige la renuncia de gerentes, ejecutivos y directores que participaron directamente en estas operaciones. Esto lo plantean «como un acto mínimo de decencia con los afectados». A pesar de esta crítica, el partido reafirma su convicción en el sistema de capitalización individual, que define como «el camino correcto para construir mejores jubilaciones en el país», basándose en «el ahorro y la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos previsionales». Concluyen que defender este sistema requiere que los administradores de los fondos respondan por sus decisiones, y que «sean ellos, y en ningún caso los propios trabajadores, quienes asuman las consecuencias de sus actos».
