La Corte Suprema ha definido la quina de candidatos para ocupar el puesto dejado por el exministro Diego Simpértigue, quien fue destituido tras una acusación constitucional. Esta decisión se toma en un momento en que el Poder Judicial enfrenta intensos cuestionamientos por su probidad y funcionamiento.
La nómina de aspirantes al cargo quedó conformada por Eliana Quezada, Hernán Crisosto, Juan Cristóbal Mera, Maritza Villadangos y Teresa Carolina Figueroa. Ahora, el Presidente de la República deberá elegir a uno de ellos para presentarlo al Senado, donde necesitará el respaldo de dos tercios de los parlamentarios en ejercicio.
La vacante se generó en diciembre de 2025, luego de que Simpértigue fuera destituido a raíz de la acusación constitucional en su contra. Los cuestionamientos al exmagistrado incluyeron sus conexiones con abogados involucrados en la trama bielorrusa y un viaje en crucero por Europa junto a Eduardo Lagos Herrera, representante de Belaz Movitec en su disputa judicial con Codelco.
“Es muy curioso que a uno lo feliciten o le digan que ha sido osado por decir que los jueces deben fallar de acuerdo a la ley. Pero bueno, así están las cosas. Los jueces debemos hacer lo que juramos cada vez que asumimos un cargo: cumplir con la Constitución y la ley”
Durante sus exposiciones ante el máximo tribunal, varios postulantes abordaron temas cruciales como el rol de los jueces, los límites de la función jurisdiccional y la necesidad de restaurar la confianza ciudadana en la justicia. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, defendió la aplicación estricta de la legislación sin invadir competencias del Congreso.
En la misma línea, la ministra de la Corte de Santiago, Maritza Villadangos, enfatizó los límites que los tribunales deben respetar. “Una Corte Suprema prudente no puede destinar sus esfuerzos a ensanchar el derecho más allá de lo que la intención de aquel admite. Implica desdibujar la función que el ordenamiento jurídico le ha asignado y debilita la estructura del sistema judicial”, precisó.
Por su parte, Teresa Carolina Figueroa, magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, subrayó la importancia de la fundamentación de las decisiones judiciales para fortalecer la legitimidad institucional. “La autoridad del Poder Judicial no descansa en mecanismos de representación política, como dije, sino en la confianza que genera la racionalidad de sus decisiones”, aseveró.
Este proceso de selección coincide con una nueva polémica que reaviva las dudas sobre la probidad judicial. La Corte de Apelaciones de Santiago ha abierto un sumario administrativo contra la fiscal judicial Ana María Hernández, tras revelarse conversaciones con el abogado Luis Hermosilla relativas a gestiones para su nombramiento. Aunque este caso es independiente de la situación de Simpértigue, ambos episodios se desarrollan bajo el intenso escrutinio público sobre los mecanismos de nombramiento y las relaciones entre miembros del Poder Judicial y abogados externos.
Este escenario complejo añade presión a la elección del nuevo integrante de la Corte Suprema, que tiene programadas dos jornadas de reflexión para abordar los cuestionamientos institucionales.
