La Corte Suprema postergó la decisión sobre la posible remoción del juez Daniel Urrutia hasta fines de octubre. El magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago enfrenta un proceso disciplinario por supuestos viajes al extranjero durante licencias médicas, al igual que otros cuatro jueces.
La suspensión se debió a la ausencia del ministro suplente Roberto Contreras, quien se encuentra con feriado legal. Su voto es considerado clave en un pleno donde las posturas están divididas, con proyecciones de resultados muy ajustados (9 a 8 o 10 a 7).
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, confirmó la necesidad del voto de Contreras, declarando que «el proceso concluye cuando el ministro se reintegre y plasme su voto en cada uno de los cinco casos». Para que se apruebe la expulsión de un juez, se requieren al menos 11 votos, una cifra que, según trascendió, no se habría alcanzado todavía.
Este aplazamiento coincide con una nueva arremetida legal de Urrutia. El juez interpuso una demanda de tutela laboral contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), exigiendo 77,4 millones de pesos por presunta vulneración de derechos fundamentales.
En su demanda, Urrutia argumenta que la Corte de Apelaciones de Santiago ya lo había eximido de sanciones en los casos de sus viajes a Costa Rica (2020) y Ecuador (2022), uno sobreseído por prescripción y el otro con absolución por un estrecho margen de 14 a 13. Además, acusó filtraciones de expedientes reservados, falta de protección ante amenazas y posibles represalias por su labor gremial.
La audiencia preparatoria para esta demanda de tutela laboral está programada para el 16 de noviembre, añadiendo un nuevo capítulo a la compleja situación judicial del magistrado.
