La agenda de seguridad del gobierno enfrenta nuevos desafíos en el Tribunal Constitucional (TC). Los comités parlamentarios del Senado deben decidir este jueves si se insiste en la reforma migratoria, una medida que busca extender el plazo de detención de personas migrantes con órdenes de expulsión.
Esta controversia surge después de que la Comisión de Constitución del Senado devolviera una solicitud de informe sin respuesta. La comisión argumentó que no le correspondía pronunciarse sobre las “reglas del juego” relacionadas con el mecanismo de insistencia, lo que ha escalado la situación.
Un sector de la oposición anunció su intención de llevar este asunto al TC. El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, criticó la decisión de la mesa del Senado de reducir el quórum necesario para aprobar la insistencia, de 33 a 29 votos. Castro afirmó que esta acción busca beneficiar al gobierno y que “en el Tribunal Constitucional vamos a perseverar en que eso ocurre porque hay una interpretación equivocada que está haciendo la mesa del Senado para favorecer que haya los menos votos de la oposición para así aprobar”.
Por otro lado, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, defendió la postura del Senado, argumentando que el propio TC en 2006 ya había establecido que el quórum para este mecanismo debía ser el de las reformas constitucionales, que actualmente es de 29 senadores (cuatro séptimos). Longton añadió que “esto tiene un cariz político, pero el cariz político no puede estar por sobre la Constitución”.
En paralelo, las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) también están pendientes de un examen de admisibilidad en el Tribunal Constitucional. La oposición ha cuestionado varios aspectos de esta normativa, especialmente el principio de racionalidad en el uso de la fuerza y las disposiciones sobre el uso de fuerza “potencialmente letal”.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, expresó preocupación por la falta de claridad en las competencias de la justicia militar. Subrayó que “quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, yo creo que tienen razón, porque no está clara la competencia de los tribunales militares. Que los problemas entre militares se resuelven con tribunales militares, pero cuando hay civiles involucrados, deben resolverlo la justicia civil”.
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, instó a la oposición a aceptar lo que consideró un “giro” en las RUF. Squella sostuvo que los cambios reflejan las decisiones de las mayorías parlamentarias y que se buscó dejar atrás una “lógica de proporcionalidad, a mi juicio mal entendida, depositar en las policías la voluntad soberana”.
Así, mientras el Senado debate la reforma migratoria, la agenda de seguridad del gobierno se ve amenazada por dos importantes disputas ante el Tribunal Constitucional. A diferencia de ocasiones anteriores, la oposición no muestra el mismo optimismo, considerando que los fallos recientes del organismo han sido desfavorables a las pretensiones del Ejecutivo.
