El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, emplazó a la oposición a dar su respaldo a dos medidas clave: la ampliación del plazo de detención para ejecutar expulsiones administrativas y el aumento de recursos propuesto para el año 2027. Según Sauerbaum, los actuales cinco días de plazo son insuficientes para llevar a cabo estos complejos procedimientos.
“Le pedimos a la oposición que ponga los votos donde pone las palabras. Nos han exigido mayor eficiencia en las expulsiones”, manifestó la autoridad. Este llamado se produce después de que la Cámara rechazara, el pasado 22 de septiembre, una reforma constitucional que buscaba extender dicho plazo. La iniciativa recibió 88 votos favorables, uno menos de los necesarios para su aprobación, tras lo cual el Gobierno anunció su intención de insistir en el Senado.
“Contar con solo 5 días para expulsar a migrantes irregulares notificados de expulsión no es sencillo. Por eso, 5 días es un tiempo muy escaso para dar cumplimiento, entre otras cosas, a los 46.000 decretos de expulsión que nos dejó el gobierno anterior. Necesitamos tiempo para dar cumplimiento a lo que nos pidió el Presidente Kast”
Sauerbaum explicó que concretar una expulsión implica varias etapas: localizar a la persona, verificar su documentación, gestionar los trámites consulares si son necesarios y coordinar la salida del país. En este contexto, aludió a los 46.000 decretos de expulsión que, según afirmó, heredó de la administración anterior, señalando la dificultad de ejecutarlos en el plazo actual.
Además de la extensión del plazo de detención, el director de Migraciones solicitó apoyo para el financiamiento. “Le pedimos también que apruebe estos aumentos de 5 días, pero también que aumente los recursos que hemos presentado en la ley de presupuesto, que aumenta los recursos de expulsiones en más de un 190%”, afirmó. La propuesta presupuestaria para 2027 busca elevar los fondos destinados a expulsiones de $4.000 millones a $11.604 millones, un incremento significativo que deberá ser debatido y votado en el Congreso.
