El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI). Esta decisión se dio luego de que la exjueza sudafricana Navi Pillay fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026. Las nuevas medidas buscan “defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.
Rubio precisó, en un comunicado replicado por Reuters, que se “prohibirán las transacciones con este tribunal deshonesto, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar”. Esta acción amplía las sanciones previas que Washington había aplicado a fiscales y jueces de la CPI, y ahora podría afectar a empresas que prestan servicios al tribunal.
La jueza Navi Pillay fue reconocida con el Nobel de la Paz 2026 “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”. El presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, destacó que Pillay “ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento”.
Pillay, quien fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, también presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. Esta comisión concluyó en septiembre de 2025 que Israel ha cometido genocidio en Gaza.
Estados Unidos ha mantenido una postura crítica hacia la CPI, especialmente después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Además, la CPI investigó acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, lo que generó un fuerte rechazo en Washington.
“Durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos”, afirmó Rubio.
El secretario de Estado enfatizó que “el presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a los estadounidenses”. En ese sentido, rechazó “el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional”.
Las sanciones de Estados Unidos generalmente impiden que empresas con sede en el país trabajen con organizaciones afectadas. Esto implica que bancos deben cerrar cuentas, aseguradoras finalizan la cobertura y compañías de software cancelan la cooperación, complicando significativamente las operaciones de la CPI.
