La abogada Paula Oyarzo Valdés y su socio Sebastián Vergara Véliz, su cónyuge, enfrentan el punto culminante de su proceso penal en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago esta semana. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, a cargo de la fiscal Rossana Folli, los imputa por supuestamente usar su firma Vergara, Oyarzo y Cía. Abogados SpA para defraudar a sus representados.
Según la investigación de El Reporte Diario, la pareja habría malversado 118 millones 280 mil 384 pesos, afectando a diez grupos de víctimas. Entre los cargos se encuentran la retención de fondos previsionales, cobros por juicios nunca iniciados, apropiación de dineros de remates judiciales y vales vista, y captación de capital con promesas de rentabilidad en supuestas inversiones políticas o fundacionales.
El Ministerio Público solicitó una pena de diez años y un día de presidio para Paula Oyarzo Valdés, desglosada en dos condenas de cinco años y un día por delitos reiterados de apropiación indebida y estafa. Los querellantes particulares, en tanto, demandaron civilmente por daño emergente y moral, superando los 95 millones de pesos. Los acusados mantienen las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los afectados.
Paralelamente, Paula Oyarzo fue expulsada del Colegio de Abogados de Chile. El 19 de octubre de 2021, el Tribunal de Ética resolvió su expulsión unánimemente por infracciones graves y reincidentes a los deberes de información, lealtad y servicio profesional. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 29 de julio de 2024, y ahora la Corte Suprema revisa el caso.
Las sanciones gremiales de Oyarzo fueron presentadas en otros litigios. En un reclamo disciplinario ante el Colegio de Abogados, el abogado Felipe Torres defendió su decisión de adjuntar la sentencia de expulsión ética en un juicio de alimentos en el 1° Juzgado de Familia de Santiago, argumentando que buscaba constatar un hecho objetivo sobre la conducta procesal de la abogada y no injuriar. Torres destacó que en diez años como colegiado no había recibido denuncias, a diferencia de Oyarzo.
«En los diez años que llevaba como colegiado jamás había recibido denuncias, en contraste con los múltiples reclamos acumulados contra Oyarzo.»
El Colegio de Abogados respaldó la postura de Torres, declarando inadmisible el reclamo de Oyarzo y ratificando que informar a los tribunales sobre sanciones éticas de un litigante es un ejercicio legítimo del derecho a la información procesal, sin constituir falta disciplinaria. La Vicepresidencia de la entidad gremial ratificó esta resolución. En una entrevista con El Reporte Diario, Paula Oyarzo Valdés rechazó todas las imputaciones.
