La Ley de Incendios fue despachada por la Comisión Mixta y quedó en condiciones de ser votada en la Cámara de Diputadas y Diputados, para luego pasar al Senado. Parlamentarios abrieron la puerta a una ley corta destinada a reforzar el combate contra el fuego, destacando el rechazo a indemnizar a privados que no cumplan con las medidas preventivas.
El proyecto regresará a la Cámara después de la semana distrital y posteriormente al Senado. Este avance se produjo tras semanas de deliberación, buscando un acuerdo sobre las zonas de interfaz urbano-rural —áreas donde las viviendas colindan con bosques o vegetación— y las compensaciones para propietarios afectados por medidas preventivas.
La presidenta de la Comisión Mixta, senadora Alejandra Sepúlveda, explicó que los ministerios de Agricultura y Vivienda finalmente lograron un consenso. “Hoy día vamos a tener una interfaz urbano-rural. Y va a ser una interfaz, además, que va a ser mucho más rápida de poder diseñar y ejecutar”, afirmó Sepúlveda.
Según la senadora, también se aprobó que los apoyos para los agricultores en estas zonas se canalicen a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y los municipios. El Gobierno propuso un fondo especial para estos sectores, una medida que podría implementarse mediante un veto presidencial u otra iniciativa legislativa.
Sepúlveda reconoció que varias propuestas del Ejecutivo se enfocan en el combate y no en la prevención, que es el objetivo principal de la ley en trámite. Por ello, existe disposición para avanzar rápidamente en una legislación separada. “Estamos en absoluta disposición de acelerar todo el proceso legislativo si ellos quieren incorporar una ley corta de combate de incendios”, sostuvo.
La Comisión de Agricultura está revisando los recursos destinados a la próxima temporada de incendios, incluidos los contratos de aeronaves.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez celebró que la Comisión Mixta rechazara la indemnización a propietarios privados que incumplan con obligaciones preventivas, como la construcción de cortafuegos. “No era razonable que el Estado indemnizara a quienes no cumplen con las medidas mínimas de prevención. La responsabilidad tiene que ser compartida, y quien no hace los cortafuegos no puede después pedir compensación”, declaró Ibáñez.
Ibáñez instó a acelerar las votaciones pendientes ante la inminente llegada de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales. El proyecto, ingresado en octubre de 2023, exige incorporar el riesgo de incendios en los instrumentos de planificación territorial, establece planes de manejo preventivo en áreas de alto peligro y crea un régimen de sanciones administrativas. Tras el despacho de la Comisión Mixta, la propuesta debe ser ratificada por ambas cámaras, comenzando por la Cámara de Diputadas y Diputados y luego el Senado.
