El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha defendido la decisión de demoler las viviendas del sector El Olivar, en Viña del Mar, a pesar de un peritaje judicial que no encontró defectos en la ejecución de las obras. La cartera insiste en que las casas presentan graves fallas estructurales y que los informes técnicos respaldan la demolición.
Marcelo Ruiz, seremi de Vivienda de Valparaíso, desmintió que el informe pericial judicial haya descartado problemas en las viviendas. Afirmó que el Minvu revisó el documento y constató que se mantienen las conclusiones de los informes previos del Idiem de la Universidad de Chile, los cuales no fueron considerados en el peritaje judicial.
Según Ruiz, los informes del Idiem acreditan deficiencias serias como fallas estructurales, incumplimiento de la normativa sísmica y de resistencia al fuego, además del uso de materiales sin certificación. “El peritaje no acredita la seguridad, no acredita de ninguna manera la seguridad de las viviendas en El Olivar“, enfatizó el seremi.
El peritaje no acredita la seguridad, no acredita de ninguna manera la seguridad de las viviendas en El Olivar.
El seremi explicó que el informe judicial no permite al Ministerio de Vivienda cambiar su decisión de demoler y reconstruir las casas para los afectados por el incendio de febrero. Esto, pese a que el peritaje encargado por el 2° Juzgado Civil de Valparaíso señaló que las anomalías principales corresponden al diseño y cálculo estructural del proyecto aprobado por el Serviu, no a la ejecución de la constructora.
El documento judicial también sugiere que varias observaciones constructivas serían subsanables y que la constructora siguió los planos del Serviu. Sin embargo, el Minvu argumenta que el peritaje no examinó la ingeniería ni las memorias de cálculo, lo que impediría certificar la seguridad de las propiedades.
“Se mantienen las graves fallas estructurales e incumplimiento sísmico y de resistencia al fuego“, reiteró Ruiz, respaldando la postura del ministro Iván Poduje sobre la demolición como única vía. Aseguró que las deficiencias fueron advertidas por los informes del Idiem y la ITEC, llevando a la decisión ministerial de demoler.
Finalmente, Ruiz rechazó que se haya considerado paralizar las obras sin demoler, afirmando que la decisión de demolición fue firme tras conocer los informes técnicos. Subrayó que el Estado no puede tolerar que familias vulnerables reciban viviendas deficientes: “Estas viviendas tenían que ser demolidas y reconstruidas de la manera como la familia lo merece”.
